Sorpresa: un grupo inversor compró la deuda que Vicentin tiene con los bancos internacionales y apunta a un cramdown
Un grupo inversor argentino compró la acreencia que un grupo de bancos internacionales tienen de la cerealera Vicentin, en default desde diciembre de 2019 y en concurso de acreedores formalmente desde febrero de 2020.
Se trata de Cima SA que, según informó Rosario 3, tiene como referente a Esteban Nofal. El grupo empresario informó en un comunicado que compró un conjunto de créditos correspondientes a los montos verifcados en el marco del concurso de la cerealera por un total nominal de US$447.194.396,91
Dijo que el detalle de las entidades fnancieras que cedieron los créditos es el siguiente: IFC, US$205.785.014,45; FMO, US$122.278.129.55; ING, US$46.429.718,73; RaboBamk US$22.781.133.64; MUFG, US$12.381.296,09; SMBC, US$12.381.296,09; Natixis US$, 9.934.586,27.
Estabilidad cambiaria: creció 87% el financiamiento bancario en dólares al agro
Aunque no se informó el monto pagado por la transacción, trascendió de fuentes del mercado que, mientras en el concurso que tuvo todas las aprobaciones necesarias, a los bancos la propuesta de Vicentin era devolverle un 30%, esto es por cada dólar 30 centavos de dólar, el grupo inversor se habría quedado por el equivalente, sobre cada dólar de acreencia, a unos 11 centavos. Fuentes del sector señalaron que la operación habría rondado los US$70 millones. Vicentin, en tanto, a los bancos en su propuesta les daba unos US$135 millones.
El concurso de Vicentin está en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Allí los jueces tienen que decidir si lo homologan, como lo confirmó una cámara de apelaciones en un paso anterior, o si en cambio, va a un proceso de cramdown para que ingrese un tercero. En el mercado especulan que el inversor confía que la Corte de Santa Fe rechazará la homologación y abrirá el cramdown y que los bancos internacionales, ante esta situación, habrían a su vez decidido desprenderse de sus acreencias. A los finos objetivos el ingreso del inversor no cambia el proceso, salvo que justamente tenga la certeza de que se irá a un cramdown.
“El grupo inversor que ha adquirido esta deuda tiene como objetivo contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina. En este contexto, CIMA ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown”, apuntó la empresa.
En tanto, Vicentin reaccionó con un comunicado donde pidió definiciones a la Corte de Santa Fe. “Hacemos saber a nuestro personal, a nuestros acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso de la sociedad que, de confirmarse esta información, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”, dijo.
Y explicó los motivos sobre su postura: “Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho. El Procurador General, por su parte ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior”.
Y agregó: “La Sociedad ha hecho saber reiteradamente que, frente a las reiteradas dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano”.
Según señaló, “dadas las dificultades financieras tan acuciantes en este momento, la Sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de cramdown”.
Pidió a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe que “resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities [que presentó un recurso en el máximo tribunal para bloquear la homologación y buscar el cramdown] para que finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente”. Hace unas semanas, Vicentin pidió su procedimiento preventivo de crisis que incluye, entre otros puntos un ajuste sobre beneficios del personal y retiros.
Un grupo inversor argentino compró la acreencia que un grupo de bancos internacionales tienen de la cerealera Vicentin, en default desde diciembre de 2019 y en concurso de acreedores formalmente desde febrero de 2020.
Se trata de Cima SA que, según informó Rosario 3, tiene como referente a Esteban Nofal. El grupo empresario informó en un comunicado que compró un conjunto de créditos correspondientes a los montos verifcados en el marco del concurso de la cerealera por un total nominal de US$447.194.396,91
Dijo que el detalle de las entidades fnancieras que cedieron los créditos es el siguiente: IFC, US$205.785.014,45; FMO, US$122.278.129.55; ING, US$46.429.718,73; RaboBamk US$22.781.133.64; MUFG, US$12.381.296,09; SMBC, US$12.381.296,09; Natixis US$, 9.934.586,27.
Estabilidad cambiaria: creció 87% el financiamiento bancario en dólares al agro
Aunque no se informó el monto pagado por la transacción, trascendió de fuentes del mercado que, mientras en el concurso que tuvo todas las aprobaciones necesarias, a los bancos la propuesta de Vicentin era devolverle un 30%, esto es por cada dólar 30 centavos de dólar, el grupo inversor se habría quedado por el equivalente, sobre cada dólar de acreencia, a unos 11 centavos. Fuentes del sector señalaron que la operación habría rondado los US$70 millones. Vicentin, en tanto, a los bancos en su propuesta les daba unos US$135 millones.
El concurso de Vicentin está en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Allí los jueces tienen que decidir si lo homologan, como lo confirmó una cámara de apelaciones en un paso anterior, o si en cambio, va a un proceso de cramdown para que ingrese un tercero. En el mercado especulan que el inversor confía que la Corte de Santa Fe rechazará la homologación y abrirá el cramdown y que los bancos internacionales, ante esta situación, habrían a su vez decidido desprenderse de sus acreencias. A los finos objetivos el ingreso del inversor no cambia el proceso, salvo que justamente tenga la certeza de que se irá a un cramdown.
“El grupo inversor que ha adquirido esta deuda tiene como objetivo contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina. En este contexto, CIMA ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown”, apuntó la empresa.
En tanto, Vicentin reaccionó con un comunicado donde pidió definiciones a la Corte de Santa Fe. “Hacemos saber a nuestro personal, a nuestros acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso de la sociedad que, de confirmarse esta información, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”, dijo.
Y explicó los motivos sobre su postura: “Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho. El Procurador General, por su parte ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior”.
Y agregó: “La Sociedad ha hecho saber reiteradamente que, frente a las reiteradas dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano”.
Según señaló, “dadas las dificultades financieras tan acuciantes en este momento, la Sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de cramdown”.
Pidió a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe que “resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities [que presentó un recurso en el máximo tribunal para bloquear la homologación y buscar el cramdown] para que finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente”. Hace unas semanas, Vicentin pidió su procedimiento preventivo de crisis que incluye, entre otros puntos un ajuste sobre beneficios del personal y retiros.
Se trata de la firma CIMA, que se quedó con montos verificados al momento del default de la cerealera por más de US$447 millones; la compañía exportadora pidió a la Justicia una resolución de su concurso LA NACION
