“La ruta del dinero K”: la Corte sorteó a los dos conjueces que intervendrán en la causa
La Corte Suprema de Justicia sorteó a dos conjueces para que decidan en el caso de “la ruta del dinero K”, donde el empresario Lázaro Báez está condenado por haber lavado dinero.
Los sorteados son Mariano Lozano, juez de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. Los suplentes son Jorge Di Lorenzo, de la Cámara Federal de La Plata, y Guillermo Antelo, de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
Son muy buenas las referencias que dieron sobre ambos magistrados titulares colegas consultados por LA NACION. Lozano es un judicial de toda la vida. Era secretario del juzgado federal de Bariloche y de allí fue ascendido a camarista en Roca hace más de 15 años. Sus colegas lo consideran un juez técnico y lo describen como honesto y serio.
Las mismas buenas referencias dieron otros camaristas sobre el juez González, profesor de derecho penal de la Universidad Nacional del Nordeste, a quien caracterizan como serio.
Las diferencias en el seno de la Corte Suprema de Justicia acerca de la condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero contra Báez motivaron que se sorteen estos conjueces para definir el caso.
Al haber en la Corte Suprema solo tres jueces, con que uno solo tenga una opinión diferente de los otros dos alcanza para que no se pueda conformar una mayoría, que requiere tres votos concordantes.
Por eso, el máximo tribunal resolvió sortear dos conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.
Esta es la causa que se inició después de una emisión del programa PPT, de Jorge Lanata, en la que Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar confesaron que sacaron dinero negro de Báez del país. Después aparecieron videos de los acusados contando fajos de dólares y tomando whisky en una “cueva” financiera de Puerto Madero.
Báez está condenado en esta causa a 10 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y seis meses, al igual que Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador del empresario, entre otros sentenciados.
En este expediente se los encontró culpables de haber blanqueado al menos 60 millones de dólares. Los sacaron mediante la financiera oculta de Puerto Madero conocida como La Rosadita. Ese dinero, tras recorrer cuentas suizas de empresas constituidas en Uruguay y España, terminó lavada por medio de la compra bonos argentinos. Esos bonos fueron vendidos y el dinero, reingresado al país.
La plata negra provenía supuestamente de la evasión fiscal de las empresas constructoras de Báez.
Esta causa salpica a Cristina Kirchner, ya que la Cámara Federal insiste para que se avance contra ella como supuesta dueña del dinero de Báez, pero el fiscal Guillermo Marijuan, que primero acusó, entendió después que no hay evidencia que avale esa hipótesis.
La Casación confirmó las condenas, pero el caso llegó a la Corte por un recurso de queja de Báez. Allí, el empresario planteó que fue condenado por una ley de lavado que no estaba vigente al momento de los hechos.
El cuestionamiento de Juan Martín Villanueva, el abogado de Báez, es que se condenó por lavado de dinero aplicando una ley posterior a los acontecimientos materia de juicio.
Dijo que la ley vieja -que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos- no contemplaba el autolavado y que la ley nueva, que le aplicaron a él, sí lo contempla, pero que como las leyes penales no son retroactivas, está mal condenado.
El tribunal oral lo analizó y entendió que los hechos ocurrieron bajo la ley nueva y lo mismo opinó la Cámara de Casación, pero ahora debe fallar la Corte. La idea de los jueces que confirmaron el fallo es que el lavado es un delito continuado, que se siguió cometiendo.
Lo que debe resolver la Corte es si se confirma la condena o si se la revisa. El juez Carlos Rosenkrantz pidió el expediente para analizarlo y promovió que se le envíe el caso al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que dictamine si efectivamente se aplicó o no la ley penal más benigna.
Rosenkrantz no dijo que se deba revocar la condena, sino que planteó que corresponde debatir la aplicación de la ley de lavado de dinero que primero excluyó el autolavado y después lo incluyó.
Sus colegas, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, en cambio, entendieron que no era necesario hacer este análisis y se habrían pronunciado por rechazar los recursos de las defensas sin más explicaciones, invocando el articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
La Corte debe resolver sobre los recursos contra las condenas por lavado de Báez (10 años de prisión); su hijo Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Leonardo Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Pérez Gadín (6 años de prisión); Chueco (6 años de prisión); el directivo de Austral Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabián Rossi (4 años y 6 meses de prisión); César Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); el financista Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional) y Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).
Con los nuevos conjueces, la Corte podría confirmar el fallo, sumándose al rechazo de los recursos de las defensas por artículo 280, o enviar el caso a la Procuración para que se analice la aplicación de la ley de lavado.
La sentencia condenatoria fue recurrida ante la Corte mediante recursos que ingresaron en junio de 2023.
Báez tiene otra condena a 10 años de prisión por la causa Vialidad, donde también está condenada Cristina Kirchner. Además, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por la compra de los terrenos de El Entrevero, en Uruguay, con costa de playa en José Ignacio.
La Corte Suprema de Justicia sorteó a dos conjueces para que decidan en el caso de “la ruta del dinero K”, donde el empresario Lázaro Báez está condenado por haber lavado dinero.
Los sorteados son Mariano Lozano, juez de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. Los suplentes son Jorge Di Lorenzo, de la Cámara Federal de La Plata, y Guillermo Antelo, de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
Son muy buenas las referencias que dieron sobre ambos magistrados titulares colegas consultados por LA NACION. Lozano es un judicial de toda la vida. Era secretario del juzgado federal de Bariloche y de allí fue ascendido a camarista en Roca hace más de 15 años. Sus colegas lo consideran un juez técnico y lo describen como honesto y serio.
Las mismas buenas referencias dieron otros camaristas sobre el juez González, profesor de derecho penal de la Universidad Nacional del Nordeste, a quien caracterizan como serio.
Las diferencias en el seno de la Corte Suprema de Justicia acerca de la condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero contra Báez motivaron que se sorteen estos conjueces para definir el caso.
Al haber en la Corte Suprema solo tres jueces, con que uno solo tenga una opinión diferente de los otros dos alcanza para que no se pueda conformar una mayoría, que requiere tres votos concordantes.
Por eso, el máximo tribunal resolvió sortear dos conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.
Esta es la causa que se inició después de una emisión del programa PPT, de Jorge Lanata, en la que Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar confesaron que sacaron dinero negro de Báez del país. Después aparecieron videos de los acusados contando fajos de dólares y tomando whisky en una “cueva” financiera de Puerto Madero.
Báez está condenado en esta causa a 10 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y seis meses, al igual que Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador del empresario, entre otros sentenciados.
En este expediente se los encontró culpables de haber blanqueado al menos 60 millones de dólares. Los sacaron mediante la financiera oculta de Puerto Madero conocida como La Rosadita. Ese dinero, tras recorrer cuentas suizas de empresas constituidas en Uruguay y España, terminó lavada por medio de la compra bonos argentinos. Esos bonos fueron vendidos y el dinero, reingresado al país.
La plata negra provenía supuestamente de la evasión fiscal de las empresas constructoras de Báez.
Esta causa salpica a Cristina Kirchner, ya que la Cámara Federal insiste para que se avance contra ella como supuesta dueña del dinero de Báez, pero el fiscal Guillermo Marijuan, que primero acusó, entendió después que no hay evidencia que avale esa hipótesis.
La Casación confirmó las condenas, pero el caso llegó a la Corte por un recurso de queja de Báez. Allí, el empresario planteó que fue condenado por una ley de lavado que no estaba vigente al momento de los hechos.
El cuestionamiento de Juan Martín Villanueva, el abogado de Báez, es que se condenó por lavado de dinero aplicando una ley posterior a los acontecimientos materia de juicio.
Dijo que la ley vieja -que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos- no contemplaba el autolavado y que la ley nueva, que le aplicaron a él, sí lo contempla, pero que como las leyes penales no son retroactivas, está mal condenado.
El tribunal oral lo analizó y entendió que los hechos ocurrieron bajo la ley nueva y lo mismo opinó la Cámara de Casación, pero ahora debe fallar la Corte. La idea de los jueces que confirmaron el fallo es que el lavado es un delito continuado, que se siguió cometiendo.
Lo que debe resolver la Corte es si se confirma la condena o si se la revisa. El juez Carlos Rosenkrantz pidió el expediente para analizarlo y promovió que se le envíe el caso al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que dictamine si efectivamente se aplicó o no la ley penal más benigna.
Rosenkrantz no dijo que se deba revocar la condena, sino que planteó que corresponde debatir la aplicación de la ley de lavado de dinero que primero excluyó el autolavado y después lo incluyó.
Sus colegas, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, en cambio, entendieron que no era necesario hacer este análisis y se habrían pronunciado por rechazar los recursos de las defensas sin más explicaciones, invocando el articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
La Corte debe resolver sobre los recursos contra las condenas por lavado de Báez (10 años de prisión); su hijo Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Leonardo Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Pérez Gadín (6 años de prisión); Chueco (6 años de prisión); el directivo de Austral Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabián Rossi (4 años y 6 meses de prisión); César Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); el financista Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional) y Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).
Con los nuevos conjueces, la Corte podría confirmar el fallo, sumándose al rechazo de los recursos de las defensas por artículo 280, o enviar el caso a la Procuración para que se analice la aplicación de la ley de lavado.
La sentencia condenatoria fue recurrida ante la Corte mediante recursos que ingresaron en junio de 2023.
Báez tiene otra condena a 10 años de prisión por la causa Vialidad, donde también está condenada Cristina Kirchner. Además, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por la compra de los terrenos de El Entrevero, en Uruguay, con costa de playa en José Ignacio.
Mariano Lozano, el presidente de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, camarista federal de Corrientes, integrarán el máximo tribunal para resolver el futuro de Lázaro Báez, condenado por lavado LA NACION
