Tras la denuncia a una jueza, peligra la continuidad del juicio por la muerte de Maradona
El juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona entró en una etapa crucial. La continuidad del debate corre peligro y podría suspenderse por un plazo máximo de diez días. La decisión se sabrá en la audiencia de hoy, en la que está prevista la declaración del psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete sentados en el banquillo de los acusados.
La reacción de Dalma y Gianinna a la foto de Maradona tras su deceso
El Tribunal Oral lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a cargo del juicio, deberá definir si hace lugar o rechaza la apelación presentada por los abogados Mara Digiuni y Julio Rivas, defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los acusados, respecto del rechazo a la recusación respecto de la jueza Julieta Makintach, magistrada investigada por su presunto vínculo con un supuesto documental del debate que habría comenzado a producirse poco antes de que diera inicio a la primera audiencia.
El TOC N°3 de San Isidro está integrado por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Para el juicio se sumó Makintach, del TOC N°2.
“Si el TOC N°3 hace lugar al recurso de apelación presentado por los abogados de Luque, el debate automáticamente se suspende y la recusación de la jueza Makintach deberá ser resuelta por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro”, explicó a LA NACION una de las partes del debate.
Si los jueces rechazan el recurso de apelación, Digiuni y Rivas podrían recurrir en queja ante un tribunal de alzada, pero el juicio no se detendría.
Al fundamentar el recurso de apelación, los abogados defensores de Luque afirmaron: “Esta decisión [por la decisión de rechazar la recusación de Makintach], por la gravedad institucional de la misma, causa un gravamen irreparable a esta parte, afectando fundamentalmente el derecho de nuestro defendido a recibir un juicio imparcial y justo. Afecta además el sistema acusatorio y el debido proceso legal. La continuación del presente juicio con un juez cuya imparcialidad está cuestionada vicia de nulidad todo el proceso, haciendo imposible una reparación posterior”.
Digiuni y Rivas explicaron: “La recusación no es meramente un formalismo procesal, sino que constituye un mecanismo esencial para salvaguardar la integridad del proceso judicial y la confianza pública en el sistema de justicia. La imparcialidad del juez no solo es un derecho del imputado, sino un principio fundamental que garantiza el respeto a las garantías procesales y la correcta administración de justicia. En virtud de lo expuesto, solicitamos que se revoque la resolución recurrida y se haga lugar a la recusación solicitada, dado que existe un temor fundado de parcialidad por parte de la Magistrada, lo que compromete los principios básicos del debido proceso”.
En el juicio, que comenzó el 11 de marzo pasado, además de Luque y Díaz son juzgados la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora de la internación domiciliaria Nancy Forlini.
El objeto procesal del debate es lo que sucedió entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 en la casa que le alquilaron a Maradona en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre. Es decir, entre que el astro mundial del fútbol fue externado de la Clínica Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural en la cabeza, y su muerte.
Según pudo saber LA NACION, otra de las defensas presentaría hoy una recusación contra la jueza Makintach y también analiza pedir la suspensión del juicio hasta que se avance con la investigación por el supuesto vínculo entre la magistrada y los productores del documental.
Para que el debate no se declare nulo, la suspensión no puede ser mayor a diez días.
Tampoco se descarta un pedido de nulidad de alguna de las partes que participa del juicio. El escándalo se desató en la audiencia del jueves pasado, cuando Rivas recusó a Makintach.
“Esta defensa, cuando declaró Cosachov, ante una pregunta de la doctora Makintach, levantó insistentemente la mano. No soy su abogado, pero noté que esapregunta, por el modo y el contenido, fue inquisitoria, y en ese momento yo empecé a evaluar un pedido de recusación. Lo digo con respeto porque antes no lo había notado, pero sí a partir de ese día. Yo veo que por el modo, los gestos y los contenidos de esa pregunta, está adelantando un veredicto. A eso, sumó que tomé conocimiento de que se está haciendo un documental, por el que fui entrevistado y me dijeron que estaban grabando [las audiencias]. También noté preguntas inquisitivas a Víctor Stinfale [abogado amigo de Maradona que declaró como testigo] .Es un hecho grave que afecta la independencia y la imparcialidad de Makintach”, sostuvo Rivas.
El abogado de Luque hizo referencia a “la BBC” como productora del documental y afirmó que lo habían entrevistado. Después, ante una consulta de Rivas, explicó que su hermano trabaja en una productora (según su perfil de Linkedin es director general ejecutivo de Pegsa Group, empresa de Agustín Pichot, pero el excapitán de Los Pumas, en diálogo con el sitio web eldiario.ar negó que su productora prepare un documental sobre el juicio), aunque afirmó que él nunca estuvo en la sala de audiencias y que no le preguntó sobre el juicio.
Tras un cuarto intermedio, los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del astro mundial del fútbol, informaron que habían presentado una denuncia para que se investigara la supuesta preproducción de un documental sobre el juicio.
Tras la denuncia se abrió una investigación que quedó a cargo de las fiscales de San Isidro Carolina Asprella y Cecilia Chaieb. Y ya se tomaron las primeras medidas de prueba.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Burlando y Baudry pidieron que se “investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal”.
Para Burlando y Baudry de confirmarse la producción avanzada de un documental sería “de suma gravedad, ya que -de verificarse- implicarían que se han iniciado contactos, acuerdos o avances sobre un contenido audiovisual basado en este juicio, sin intervención ni anuencia alguna de las partes que legítimamente actúan en el expediente”, sostuvieron Burlando y Baudry en la denuncia respecto del supuesto documental.
Y agregaron: “De este modo, se podrían estar gestando actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afecten el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia”.
En diálogo con LA NACION, la jueza Makintach negó todo lo referido al supuesto documental. “No hay contrato, no hay documental. Solo se filma lo autorizado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense”, dijo la magistrada.
Justamente ayer, ante las fiscales Asprella y Chaieb declaró como testigo Ezequiel Klass, a cargo de la Subsecretaría de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia, quien presentó un escrito. Fue por videoconferencia.
El funcionario fue consultado sobre si se había autorizado a alguna persona a filmar el debate, más allá de la autorización que se hizo a los reporteros gráficos y camarógrafos el primer día del juicio los minutos previos a que comenzará la audiencia. “No”, fue la respuesta.
Ayer, además, el abogado Rodolfo Baqué, quien junto con su colega Martín de Vargas fue apartado de la defensa del enfermero Almirón por el TOC N°3 de San Isidro, presentó un escrito para ser considerado como particular damnificado en la causa que se inició por la denuncia de Burlando y Baudry.
“La legitimación activa del carácter invocado surge de resultar ser víctima por los hechos acaecidos”, explicó en el escrito al que tuvo acceso LA NACION. Sostuvo que en el supuesto documental se usaron sus imágenes sin su consentimiento.
Además, de Vargas presentó una denuncia contra la jueza Makintach por “usurpación de títulos y honores” porque en la audiencia del jueves pasado la magistrada se sentó en el lugar reservado para el presidente del tribunal y “relegó a la calidad de vocal al doctor Savarino.
El letrado afirmó: “Esta situación, de extrema gravedad, se produjo sin que la doctora Makintach tuviera autorización legal alguna y sin que se verificase algún hecho extraordinario que impidiera al juez Savarino ejercer la presidencia del juicio”.
El juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona entró en una etapa crucial. La continuidad del debate corre peligro y podría suspenderse por un plazo máximo de diez días. La decisión se sabrá en la audiencia de hoy, en la que está prevista la declaración del psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete sentados en el banquillo de los acusados.
La reacción de Dalma y Gianinna a la foto de Maradona tras su deceso
El Tribunal Oral lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a cargo del juicio, deberá definir si hace lugar o rechaza la apelación presentada por los abogados Mara Digiuni y Julio Rivas, defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los acusados, respecto del rechazo a la recusación respecto de la jueza Julieta Makintach, magistrada investigada por su presunto vínculo con un supuesto documental del debate que habría comenzado a producirse poco antes de que diera inicio a la primera audiencia.
El TOC N°3 de San Isidro está integrado por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Para el juicio se sumó Makintach, del TOC N°2.
“Si el TOC N°3 hace lugar al recurso de apelación presentado por los abogados de Luque, el debate automáticamente se suspende y la recusación de la jueza Makintach deberá ser resuelta por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro”, explicó a LA NACION una de las partes del debate.
Si los jueces rechazan el recurso de apelación, Digiuni y Rivas podrían recurrir en queja ante un tribunal de alzada, pero el juicio no se detendría.
Al fundamentar el recurso de apelación, los abogados defensores de Luque afirmaron: “Esta decisión [por la decisión de rechazar la recusación de Makintach], por la gravedad institucional de la misma, causa un gravamen irreparable a esta parte, afectando fundamentalmente el derecho de nuestro defendido a recibir un juicio imparcial y justo. Afecta además el sistema acusatorio y el debido proceso legal. La continuación del presente juicio con un juez cuya imparcialidad está cuestionada vicia de nulidad todo el proceso, haciendo imposible una reparación posterior”.
Digiuni y Rivas explicaron: “La recusación no es meramente un formalismo procesal, sino que constituye un mecanismo esencial para salvaguardar la integridad del proceso judicial y la confianza pública en el sistema de justicia. La imparcialidad del juez no solo es un derecho del imputado, sino un principio fundamental que garantiza el respeto a las garantías procesales y la correcta administración de justicia. En virtud de lo expuesto, solicitamos que se revoque la resolución recurrida y se haga lugar a la recusación solicitada, dado que existe un temor fundado de parcialidad por parte de la Magistrada, lo que compromete los principios básicos del debido proceso”.
En el juicio, que comenzó el 11 de marzo pasado, además de Luque y Díaz son juzgados la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora de la internación domiciliaria Nancy Forlini.
El objeto procesal del debate es lo que sucedió entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 en la casa que le alquilaron a Maradona en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre. Es decir, entre que el astro mundial del fútbol fue externado de la Clínica Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural en la cabeza, y su muerte.
Según pudo saber LA NACION, otra de las defensas presentaría hoy una recusación contra la jueza Makintach y también analiza pedir la suspensión del juicio hasta que se avance con la investigación por el supuesto vínculo entre la magistrada y los productores del documental.
Para que el debate no se declare nulo, la suspensión no puede ser mayor a diez días.
Tampoco se descarta un pedido de nulidad de alguna de las partes que participa del juicio. El escándalo se desató en la audiencia del jueves pasado, cuando Rivas recusó a Makintach.
“Esta defensa, cuando declaró Cosachov, ante una pregunta de la doctora Makintach, levantó insistentemente la mano. No soy su abogado, pero noté que esapregunta, por el modo y el contenido, fue inquisitoria, y en ese momento yo empecé a evaluar un pedido de recusación. Lo digo con respeto porque antes no lo había notado, pero sí a partir de ese día. Yo veo que por el modo, los gestos y los contenidos de esa pregunta, está adelantando un veredicto. A eso, sumó que tomé conocimiento de que se está haciendo un documental, por el que fui entrevistado y me dijeron que estaban grabando [las audiencias]. También noté preguntas inquisitivas a Víctor Stinfale [abogado amigo de Maradona que declaró como testigo] .Es un hecho grave que afecta la independencia y la imparcialidad de Makintach”, sostuvo Rivas.
El abogado de Luque hizo referencia a “la BBC” como productora del documental y afirmó que lo habían entrevistado. Después, ante una consulta de Rivas, explicó que su hermano trabaja en una productora (según su perfil de Linkedin es director general ejecutivo de Pegsa Group, empresa de Agustín Pichot, pero el excapitán de Los Pumas, en diálogo con el sitio web eldiario.ar negó que su productora prepare un documental sobre el juicio), aunque afirmó que él nunca estuvo en la sala de audiencias y que no le preguntó sobre el juicio.
Tras un cuarto intermedio, los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del astro mundial del fútbol, informaron que habían presentado una denuncia para que se investigara la supuesta preproducción de un documental sobre el juicio.
Tras la denuncia se abrió una investigación que quedó a cargo de las fiscales de San Isidro Carolina Asprella y Cecilia Chaieb. Y ya se tomaron las primeras medidas de prueba.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Burlando y Baudry pidieron que se “investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal”.
Para Burlando y Baudry de confirmarse la producción avanzada de un documental sería “de suma gravedad, ya que -de verificarse- implicarían que se han iniciado contactos, acuerdos o avances sobre un contenido audiovisual basado en este juicio, sin intervención ni anuencia alguna de las partes que legítimamente actúan en el expediente”, sostuvieron Burlando y Baudry en la denuncia respecto del supuesto documental.
Y agregaron: “De este modo, se podrían estar gestando actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afecten el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia”.
En diálogo con LA NACION, la jueza Makintach negó todo lo referido al supuesto documental. “No hay contrato, no hay documental. Solo se filma lo autorizado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense”, dijo la magistrada.
Justamente ayer, ante las fiscales Asprella y Chaieb declaró como testigo Ezequiel Klass, a cargo de la Subsecretaría de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia, quien presentó un escrito. Fue por videoconferencia.
El funcionario fue consultado sobre si se había autorizado a alguna persona a filmar el debate, más allá de la autorización que se hizo a los reporteros gráficos y camarógrafos el primer día del juicio los minutos previos a que comenzará la audiencia. “No”, fue la respuesta.
Ayer, además, el abogado Rodolfo Baqué, quien junto con su colega Martín de Vargas fue apartado de la defensa del enfermero Almirón por el TOC N°3 de San Isidro, presentó un escrito para ser considerado como particular damnificado en la causa que se inició por la denuncia de Burlando y Baudry.
“La legitimación activa del carácter invocado surge de resultar ser víctima por los hechos acaecidos”, explicó en el escrito al que tuvo acceso LA NACION. Sostuvo que en el supuesto documental se usaron sus imágenes sin su consentimiento.
Además, de Vargas presentó una denuncia contra la jueza Makintach por “usurpación de títulos y honores” porque en la audiencia del jueves pasado la magistrada se sentó en el lugar reservado para el presidente del tribunal y “relegó a la calidad de vocal al doctor Savarino.
El letrado afirmó: “Esta situación, de extrema gravedad, se produjo sin que la doctora Makintach tuviera autorización legal alguna y sin que se verificase algún hecho extraordinario que impidiera al juez Savarino ejercer la presidencia del juicio”.
Para la defensa de Leopoldo Luque, uno de los acusados, se podría estar ante una “contaminación del proceso” LA NACION
