El Gobierno oficializó las medidas anunciadas por Luis Caputo para atraer los “dólares del colchón”
Después de que el equipo económico del Poder Ejecutivo, encabezado por el ministro Luis Caputo, realizara anuncios para que los argentinos saquen los dólares “del colchón”, el Gobierno oficializó estas medidas en el Boletín Oficial, a través del Decreto 353/2025. Según dijo el titular de la cartera de Economía en una conferencia de prensa, la intención es que los ciudadanos “vuelvan a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
Precisamente, el presidente Javier Milei decretó: “Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”. Además, instó a la ARCA a que “simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y de otros a su cargo”.
En paralelo, el Gobierno creó el Sistema de Finanzas Abiertas para que las personas jurídicas y humana compartan la información que consideren pertinente a autoridades financieras inscriptas en el Banco Central, cuyo objetivo esté centralizado en el desarrollo del crédito, la competencia y la inclusión. Estará autorizado para articular acciones con cualquier otro organismo o autoridad, tanto nacional, como provincial, municipal o de la ciudad de Buenos Aires.
También se le otorgó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la intervención de verificar la necesidad de adecuar la normativa en cuanto a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según justificó el Poder Ejecutivo en el decreto, ARCA posee la información necesaria para efectuar la determinación de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto a las Ganancias. “Eso posibilita, por un lado, reducir la carga administrativa a cargo de los ciudadanos y, por el otro, instrumentar medidas que tiendan a la simplificación de las tareas de fiscalización y verificación, priorizando la asignación de recursos hacia el control de aquellos ciudadanos con mayor capacidad contributiva y relevancia en términos recaudatorios”, explicaron.
“El establecimiento de un mecanismo de esta naturaleza contribuirá a que los ciudadanos deban realizar un menor esfuerzo para cumplir con las diversas tareas administrativas que les corresponden, e implicará un avance en la senda necesaria de la desburocratización del estado nacional”, señalaron y agregaron: “Mientras se encuentra en elaboración un proyecto de reforma integral del sistema tributario, resulta conveniente que el Poder Ejecutivo encomiende a los organismos competentes que realicen modificaciones normativas tanto para simplificar y desregular todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, como así también para simplificar el régimen de declaración y liquidación del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de lograr un aumento real de la cantidad de personas registradas en dicho impuesto”.
En tanto, a modo de síntesis, el Gobierno afirmó: “Durante 40 años ininterrumpidos, el estado nacional financió el desequilibrio de las cuentas públicas mediante la imposición de una elevada carga tributaria sobre el sector formal de la economía, lo que derivó en un importante incremento de la informalidad económica. Esta asfixia fiscal ha generado una distorsión estructural en la economía, obligando a numerosos contribuyentes a operar en la informalidad como mecanismo de subsistencia frente a la insostenible carga impositiva, por lo que, en el marco del desarrollo de políticas de simplificación tributaria, corresponde tener en cuenta estos altos niveles de informalidad económica, los cuales han alcanzado niveles críticos como resultado de la incapacidad del sector formal para soportar la elevada carga tributaria”.
Por último, aseguró: “Este fenómeno intensifica la inequidad económica, restringe el acceso a derechos laborales y sociales y perpetúa un ciclo de pobreza que afecta severamente a la población, consolidando una economía fragmentada y limitando el desarrollo nacional. En consecuencia, la simplificación tributaria se presenta como una herramienta esencial para revertir esta dinámica, al reducir la presión fiscal formal, disminuir los costos administrativos y fomentar la regularización de las actividades económicas”.
Después de que el equipo económico del Poder Ejecutivo, encabezado por el ministro Luis Caputo, realizara anuncios para que los argentinos saquen los dólares “del colchón”, el Gobierno oficializó estas medidas en el Boletín Oficial, a través del Decreto 353/2025. Según dijo el titular de la cartera de Economía en una conferencia de prensa, la intención es que los ciudadanos “vuelvan a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
Precisamente, el presidente Javier Milei decretó: “Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”. Además, instó a la ARCA a que “simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y de otros a su cargo”.
En paralelo, el Gobierno creó el Sistema de Finanzas Abiertas para que las personas jurídicas y humana compartan la información que consideren pertinente a autoridades financieras inscriptas en el Banco Central, cuyo objetivo esté centralizado en el desarrollo del crédito, la competencia y la inclusión. Estará autorizado para articular acciones con cualquier otro organismo o autoridad, tanto nacional, como provincial, municipal o de la ciudad de Buenos Aires.
También se le otorgó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la intervención de verificar la necesidad de adecuar la normativa en cuanto a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según justificó el Poder Ejecutivo en el decreto, ARCA posee la información necesaria para efectuar la determinación de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto a las Ganancias. “Eso posibilita, por un lado, reducir la carga administrativa a cargo de los ciudadanos y, por el otro, instrumentar medidas que tiendan a la simplificación de las tareas de fiscalización y verificación, priorizando la asignación de recursos hacia el control de aquellos ciudadanos con mayor capacidad contributiva y relevancia en términos recaudatorios”, explicaron.
“El establecimiento de un mecanismo de esta naturaleza contribuirá a que los ciudadanos deban realizar un menor esfuerzo para cumplir con las diversas tareas administrativas que les corresponden, e implicará un avance en la senda necesaria de la desburocratización del estado nacional”, señalaron y agregaron: “Mientras se encuentra en elaboración un proyecto de reforma integral del sistema tributario, resulta conveniente que el Poder Ejecutivo encomiende a los organismos competentes que realicen modificaciones normativas tanto para simplificar y desregular todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, como así también para simplificar el régimen de declaración y liquidación del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de lograr un aumento real de la cantidad de personas registradas en dicho impuesto”.
En tanto, a modo de síntesis, el Gobierno afirmó: “Durante 40 años ininterrumpidos, el estado nacional financió el desequilibrio de las cuentas públicas mediante la imposición de una elevada carga tributaria sobre el sector formal de la economía, lo que derivó en un importante incremento de la informalidad económica. Esta asfixia fiscal ha generado una distorsión estructural en la economía, obligando a numerosos contribuyentes a operar en la informalidad como mecanismo de subsistencia frente a la insostenible carga impositiva, por lo que, en el marco del desarrollo de políticas de simplificación tributaria, corresponde tener en cuenta estos altos niveles de informalidad económica, los cuales han alcanzado niveles críticos como resultado de la incapacidad del sector formal para soportar la elevada carga tributaria”.
Por último, aseguró: “Este fenómeno intensifica la inequidad económica, restringe el acceso a derechos laborales y sociales y perpetúa un ciclo de pobreza que afecta severamente a la población, consolidando una economía fragmentada y limitando el desarrollo nacional. En consecuencia, la simplificación tributaria se presenta como una herramienta esencial para revertir esta dinámica, al reducir la presión fiscal formal, disminuir los costos administrativos y fomentar la regularización de las actividades económicas”.
Tras los anuncios del equipo económico, el Presidente estableció los cambios en el Boletín oficial a través del Decreto 353/2025; “Dispone la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes”, expresó LA NACION
