La justicia le otorgó la prisión domiciliaria al financista Whpei, acusado de extorsión junto con el juez Bailaque
El financista Fernando Whpei cumplirá la prisión preventiva en su casa en Rosario, luego de que su defensa presentó una serie de informes médicos sobre la discapacidad que padece su hija y los problemas médicos que enfrenta su pareja, por lo que él sería la única persona del entorno cercano de su hija que podría ocuparse de ella.
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, quien avaló hace dos semanas el pedido de prisión preventiva que propusieron los fiscales federales que investigan esta trama de corrupción y extorsión, definió este jueves que Whpei sea trasladado a su residencia de calle Santiago, en el centro de Rosario, donde cumplirá la prisión domiciliaria.
Los fiscales no objetaron la decisión del magistrado, debido –según apuntaron fuentes judiciales- a que los informes sobre el contexto familiar del financista eran “contundentes”.
“Tengo un desafío personal, una hija discapacitada con síndrome de down y autismo. No puede comer sola, y a mi mujer inmunodeprimida. Hace cuatro años que vivo en mi casa porque estoy a cargo de mi hija. Vivo por y para ella. Si yo no estoy en la casa tendría una situación que no sabría cómo resolverla. Cómo puedo huir de la Justicia con la responsabilidad que yo tengo con mi hija. Soy una persona que siempre estuve a derecho con la Justicia. No estar en casa implica todos estos problemas. Le voy a pedir que en este caso una opción de domiciliaria”, aseguró Whpei, cuando fue imputado en los tribunales federales hace dos semanas. Su versión y los estudios que presentó la defensa convencieron al juez y a los fiscales, que no objetaron la decisión.
Esta semana ocurrió algo similar con otro de los imputados en esta causa, como es el juez federal Marcelo Bailaque, a quien la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la prisión preventiva en su contra, pero también definió que si se llega a hacer efectiva –lo tiene que destituir antes el Consejo de la Magistratura, porque tiene fueros- el cumplimiento será en su departamento del barrio Abasto, en Rosario.
Los camaristas recordaron que la fiscalía -que promueve la detención- sostuvo el pedido “en la existencia del peligro de entorpecimiento de las investigaciones” y no en un peligro de fuga. Al mismo tiempo, los camaristas Aníbal Pineda, Elida Vidal y Fernando Barbará decidieron que el embargo de bienes dictado contra Bailaque deberá reducirse hasta cubrir el monto de 1400 millones a 600 millones de pesos.
La semana pasada, Rodrígues Da Cruz denunció ante la Oficina de Gestión Judicial un extraño hecho con un agente de la Policía Federal, que fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El viernes 16 de mayo pasado el juez de Garantías presidió una audiencia en la que la defensa de Whpei empezó a fundamentar que el financista debía dejar el calabozo en el aeropuerto de Rosario, donde llamativamente quedan recluidos imputados del mundo financiero, con buen pasar económico.
Antes de esta audiencia, Rodrígues Da Cruz denunció que vivió una extraña situación cuando entraba a los tribunales federales con un cabo de la Policía Federal Argentina. El magistrado, que también dictó la prisión preventiva para el juez Bailaque el 30 de abril pasado, describió en un escrito esta llamativa situación, que puede interpretarse como un intento de soborno por parte de este agente de la PFA.
“Concretamente, siendo las 9 horas y en momentos en que procedía a ingresar al tribunal donde cumplo funciones, el cabo 1° L.M., se me acercó y manifestó lo siguiente: “Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera”, a lo cual le respondí que “no entendía lo qué me estaba diciendo”, y ante ello el citado agregó “que el otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero”.
Esa accidentada audiencia continuó este jueves, cuando el juez de Garantías, en base a la documentación que presentó la defensa, que incluyeron varios estudios médicos, determinó que Whpei cumplirá la prisión preventiva en su domicilio, donde –en teoría- podrá ocuparse de la salud de su hija que sufre una discapacidad.
Ninguno de los imputados en esta causa irá a una prisión, a pesar de que los delitos por los que se los imputan prevén penas elevadas. Bailaque y Whpei cumplirán su detención en sus residencias, mientras que el arrepentido Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario, nunca fue detenido debido a que firmó un acuerdo para colaborar en la causa.
En las próximas semanas el Consejo de la Magistratura avanzará en la destitución de Bailaque, cuya investigación en ese cuerpo se reactivó después de que Rodrígues Da Cruz dictó el 30 de abril pasado la prisión preventiva contra el magistrado, luego de ser imputado por tramar una extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Esa maniobra se gestó en 2019, según la acusación de los fiscales, en una comida en el quincho de Bailaque en la que participaron Vaudagna y Whpei.
En marzo pasado, el exjefe de ARCA Rosario se presentó como arrepentido y admitió que en esa cena le dijeron que le iba a llegar una denuncia anónima contra Iglesias, que era falsa, y que él debía llevar, cuando Bailaque estuviera de turno, al juzgado federal. El magistrado no delegó el caso en la Fiscalía Federal, como acostumbraba hacer con todos los expedientes, y ordenó allanamientos contra Iglesias.
A la par, Whpei le pidió al empresario extorsionado el pago de 200.000 dólares para que la causa no avanzara. Iglesias pagó una parte de ese monto, en dos reuniones que mantuvo con el financista en sus oficinas en el Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
Esta no fue la única maniobra que compartieron Bailaque y su “amigo” Whpei. Esta trama tiene que ver con el manejo de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que tras la caída de Herme Juárez, alias Vino Caliente, a quien lo habían procesado por lavado de dinero, fue intervenida.
Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino, primero, y Daniel Sorrequieta, después, había transferido 10 millones de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei.
En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.
“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.
Bailaque rechazó en ese momento la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.
La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Angela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: “Nunca negué que somos amigos”.
El fiscal Federico Reynares Solari acusó a Bailaque que no expuso su relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.
Whpei ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y que –según se comprobó- una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner.
Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de obtener otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales.
Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.
El financista Fernando Whpei cumplirá la prisión preventiva en su casa en Rosario, luego de que su defensa presentó una serie de informes médicos sobre la discapacidad que padece su hija y los problemas médicos que enfrenta su pareja, por lo que él sería la única persona del entorno cercano de su hija que podría ocuparse de ella.
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, quien avaló hace dos semanas el pedido de prisión preventiva que propusieron los fiscales federales que investigan esta trama de corrupción y extorsión, definió este jueves que Whpei sea trasladado a su residencia de calle Santiago, en el centro de Rosario, donde cumplirá la prisión domiciliaria.
Los fiscales no objetaron la decisión del magistrado, debido –según apuntaron fuentes judiciales- a que los informes sobre el contexto familiar del financista eran “contundentes”.
“Tengo un desafío personal, una hija discapacitada con síndrome de down y autismo. No puede comer sola, y a mi mujer inmunodeprimida. Hace cuatro años que vivo en mi casa porque estoy a cargo de mi hija. Vivo por y para ella. Si yo no estoy en la casa tendría una situación que no sabría cómo resolverla. Cómo puedo huir de la Justicia con la responsabilidad que yo tengo con mi hija. Soy una persona que siempre estuve a derecho con la Justicia. No estar en casa implica todos estos problemas. Le voy a pedir que en este caso una opción de domiciliaria”, aseguró Whpei, cuando fue imputado en los tribunales federales hace dos semanas. Su versión y los estudios que presentó la defensa convencieron al juez y a los fiscales, que no objetaron la decisión.
Esta semana ocurrió algo similar con otro de los imputados en esta causa, como es el juez federal Marcelo Bailaque, a quien la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la prisión preventiva en su contra, pero también definió que si se llega a hacer efectiva –lo tiene que destituir antes el Consejo de la Magistratura, porque tiene fueros- el cumplimiento será en su departamento del barrio Abasto, en Rosario.
Los camaristas recordaron que la fiscalía -que promueve la detención- sostuvo el pedido “en la existencia del peligro de entorpecimiento de las investigaciones” y no en un peligro de fuga. Al mismo tiempo, los camaristas Aníbal Pineda, Elida Vidal y Fernando Barbará decidieron que el embargo de bienes dictado contra Bailaque deberá reducirse hasta cubrir el monto de 1400 millones a 600 millones de pesos.
La semana pasada, Rodrígues Da Cruz denunció ante la Oficina de Gestión Judicial un extraño hecho con un agente de la Policía Federal, que fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El viernes 16 de mayo pasado el juez de Garantías presidió una audiencia en la que la defensa de Whpei empezó a fundamentar que el financista debía dejar el calabozo en el aeropuerto de Rosario, donde llamativamente quedan recluidos imputados del mundo financiero, con buen pasar económico.
Antes de esta audiencia, Rodrígues Da Cruz denunció que vivió una extraña situación cuando entraba a los tribunales federales con un cabo de la Policía Federal Argentina. El magistrado, que también dictó la prisión preventiva para el juez Bailaque el 30 de abril pasado, describió en un escrito esta llamativa situación, que puede interpretarse como un intento de soborno por parte de este agente de la PFA.
“Concretamente, siendo las 9 horas y en momentos en que procedía a ingresar al tribunal donde cumplo funciones, el cabo 1° L.M., se me acercó y manifestó lo siguiente: “Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera”, a lo cual le respondí que “no entendía lo qué me estaba diciendo”, y ante ello el citado agregó “que el otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero”.
Esa accidentada audiencia continuó este jueves, cuando el juez de Garantías, en base a la documentación que presentó la defensa, que incluyeron varios estudios médicos, determinó que Whpei cumplirá la prisión preventiva en su domicilio, donde –en teoría- podrá ocuparse de la salud de su hija que sufre una discapacidad.
Ninguno de los imputados en esta causa irá a una prisión, a pesar de que los delitos por los que se los imputan prevén penas elevadas. Bailaque y Whpei cumplirán su detención en sus residencias, mientras que el arrepentido Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario, nunca fue detenido debido a que firmó un acuerdo para colaborar en la causa.
En las próximas semanas el Consejo de la Magistratura avanzará en la destitución de Bailaque, cuya investigación en ese cuerpo se reactivó después de que Rodrígues Da Cruz dictó el 30 de abril pasado la prisión preventiva contra el magistrado, luego de ser imputado por tramar una extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Esa maniobra se gestó en 2019, según la acusación de los fiscales, en una comida en el quincho de Bailaque en la que participaron Vaudagna y Whpei.
En marzo pasado, el exjefe de ARCA Rosario se presentó como arrepentido y admitió que en esa cena le dijeron que le iba a llegar una denuncia anónima contra Iglesias, que era falsa, y que él debía llevar, cuando Bailaque estuviera de turno, al juzgado federal. El magistrado no delegó el caso en la Fiscalía Federal, como acostumbraba hacer con todos los expedientes, y ordenó allanamientos contra Iglesias.
A la par, Whpei le pidió al empresario extorsionado el pago de 200.000 dólares para que la causa no avanzara. Iglesias pagó una parte de ese monto, en dos reuniones que mantuvo con el financista en sus oficinas en el Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
Esta no fue la única maniobra que compartieron Bailaque y su “amigo” Whpei. Esta trama tiene que ver con el manejo de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que tras la caída de Herme Juárez, alias Vino Caliente, a quien lo habían procesado por lavado de dinero, fue intervenida.
Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino, primero, y Daniel Sorrequieta, después, había transferido 10 millones de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei.
En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.
“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.
Bailaque rechazó en ese momento la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.
La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Angela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: “Nunca negué que somos amigos”.
El fiscal Federico Reynares Solari acusó a Bailaque que no expuso su relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.
Whpei ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y que –según se comprobó- una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner.
Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de obtener otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales.
Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.
El titular del Grupo Unión y del Museo de la Democracia en Rosario argumentó que debe atender a su hija que sufre una discapacidad LA NACION
