Una a una, las nueve inconductas que protagonizó la jueza Makintach, según el jefe máximo de los fiscales
“Las conductas que se describirán a lo largo de esta presentación revelan que la magistrada incurrió en mal desempeño de sus funciones y defeccionó [sic] de la buena conducta que exige la carta magna provincial como requisito esencial para la permanencia en el cargo”.
Así comenzó el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, la denuncia que presentó ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires contra la jueza Julieta Makintach, magistrada que quedó en medio de un escándalo por su papel protagónico en la preproducción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual basado en las audiencias del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona.
Fue el primer paso para el jury de enjuiciamiento que puede derivar en la destitución de la jueza. Pocos días después se formó el jurado.
Para el martes próximo, a las 11, la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, citó a los diez conjueces (cinco legisladores y cinco abogados) que integran el Jurado de Enjuiciamiento para que “se pronuncien sobre su competencia para entender en el caso”.
Conte Grand intervino en el caso después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera una licencia compulsiva de 90 días para la polémica jueza y “le confiera vista” a la Procuración General para que evalúe la conducta y, en su caso, formulara la pertinente denuncia
Para el procurador general bonaerense, la prueba analizada “resulta incontrastable” y “acredita sin fisuras” que las conductas desplegadas por la jueza Makintach para poder “materializar un interés meramente personal, cuya finalidad última solo ella conoce”.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Conte Grand afirmó: “Resulta lamentable que haya utilizado la magistratura y, en definitiva, el poder que le otorga el Estado, para alcanzarlo [por el interés meramente personal]”.
A lo largo de 38 páginas, el procurador general bonaerense enumeró “nueve conductas desplegadas” por Makintach, que a continuación se detallan:
“Autorizó irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de los Tribunales de San Isidro un día domingo y por la puerta asignada a los magistrados, a fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona [que finalmente fue declarado nulo].Habilitó a un grupo de personas para que, de manera furtiva y clandestina, tomaran registros fílmicos del debate oral, con el único fin de realizar una miniserie.Violó la prohibición de grabar o filmar el debate, situación impuesta por el Tribunal que ella misma integraba.Abusó de su condición de magistrada para evitar que personal policial pudiera cumplir con su labor de tratar de impedir que terceros, autorizados por ella, filmaran la audiencia de debate.Sin autorización alguna, utilizó los recursos (materiales y humanos) del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal afectado a la custodia del debate, con fines estrictamente profesionales.Mintió de forma deliberada y recurrente, tanto a la prensa nacional e internacional, como ante sus pares del Tribunal, partes, abogados, prensa acreditada y público en general, al negar su participación en un documental.Afirmó sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aun cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal [por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari] quien exhibió las imágenes que la tenían como protagonista.Incurrió en “parcialidad manifiesta”, conducta que llevó, inexorablemente, a la declaración de nulidad del proceso.La repercusión social del escándalo y el perjuicio a la imagen del Poder Judicial. En este último punto, el noveno, Conte Grand enumeró una serie de notas periodísticas publicada por medios nacionales e internacionales.La jueza Julieta Makintach después de su apartamiento del juicio por la muerte de Diego Maradona
En la página 25 de su denuncia, Conte Grand recordó: “El agravio fue tan notorio que todas las partes intervinientes (Ministerio Público Fiscal, imputados y particulares damnificados) coincidieron en anular lo actuado hasta el momento, petición a la que hicieron lugar los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso”.
El jurado que estará a cargo de evaluar la conducta de Makintach será presidido por la jueza Kogan e integrado por los conjueces legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR-); la diputada Abigail Gómez, de La Libertada Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP).
Los conjueces abogados (con matrícula provincial) que salieron sorteados fueron Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini, del Colegio de Abogados de La Plata; Fabián Ramón González, de Morón, y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
Causa penal
Además del jury, que podría derivar en la destitución de la jueza Makintach, hay una investigación penal abierta que intenta determinar si la magistrada cometió un delito. El expediente, que está a cargo de los fiscales de San Isidro José Amallo, Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, se inició tras una denuncia presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradonay de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del astro mundial del fútbol.
En las últimas horas, ante el fiscal Amallo declaró como testigo una sargento de la policía bonaerense que cumple funciones como custodia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, que hasta su suspensión integraba Makintach.
La testigo, el 11 de marzo pasado, día que comenzó el juicio por la muerte de Maradona, recibió un mensaje de WhatsApp enviado por Makintach donde le decía, palabra más, palabras menos: “No toquen a mi gente”, en referencia a Jorge Huarte, un camarógrafoque estaba dentro de la sala de audiencias y filmaba las alternativas de los primeros minutos del debate.
Bajo juramento de decir la verdad, relató que cuando estaba por comenzar el juicio, Makintach le pidió una “vigilancia más personalizada”.
“Por ejemplo, Makintach llegaba y me daba la cartera”, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto de la declaración de la sargento de la fuerza de seguridad bonaerense.
El 11 de marzo pasado, poco antes de comenzar el juicio, Makintach le dijo a la uniformada: “Va a venir una amiga mía con gente, permitiles el ingreso”, recordó la testigo en su declaración.
Makintach se refería a Huarte, María Lia Vidal Aleman –amiga de la vida de la magistrada y a la que el camarógrafo definió como “la guionista”– y José Arnal, propietario de La Doble, productora que estaba detrás del documental Justicia Divina.
En la audiencia donde presentó las pruebas que vinculan a la jueza Makintach con el proyecto audiovisual, el fiscal Ferrari exhibió un video en el que se registró el ingreso a los tribunales de San Isidro del equipo a cargo de la filmación, acompañados por la sargento que ahora declaró como testigo.
“Subieron al despacho de la jueza Makintach. Después filmaron a la jueza cuando se dirigía a la sala de audiencias. ‘Vas a salir en la filmación’, me dijo Makintach. No tenía opción de decir que no”, recordó la testigo.
Después, Huarte, Vidal Aleman y Arnal ingresaron en la sala de audiencias. El camarógrafo comenzó a filmar. En ese momento se acercó una mujer policía que cumple funciones como custodia del TOC N°3 y le pidió que apagara la cámara. Fue en ese momento que Makintach envió el mensaje: “No toquen a mi gente”.
La custodia del TOC N°2 le mostró el mensaje a su compañera y poco después, Huarte pudo filmar sin mayores problemas.
“Al instante nos autorizaron. Creo que me dijo la guionista, ‘ya podés filmar’. No recuerdo bien cómo fue, pero la policía no se volvió a acercar. Creo que la jueza vio la situación. Interpreto que si me dicen ‘ya podés filmar’ es que estaba habilitado para hacerlo. La guionista se me acercó y me dijo algo al oído respecto a esto. A partir de eso ya no me llamaron la atención”, dijo Huarte cuando declaró como testigo.
Makintach designó abogados en el expediente donde intervienen los fiscales Amallo, Chaieb y Asprella. Se trata de los letrados Guillermo y Alfredo Soares Gache, del estudio Oderigo.
“Las conductas que se describirán a lo largo de esta presentación revelan que la magistrada incurrió en mal desempeño de sus funciones y defeccionó [sic] de la buena conducta que exige la carta magna provincial como requisito esencial para la permanencia en el cargo”.
Así comenzó el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, la denuncia que presentó ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires contra la jueza Julieta Makintach, magistrada que quedó en medio de un escándalo por su papel protagónico en la preproducción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual basado en las audiencias del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona.
Fue el primer paso para el jury de enjuiciamiento que puede derivar en la destitución de la jueza. Pocos días después se formó el jurado.
Para el martes próximo, a las 11, la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, citó a los diez conjueces (cinco legisladores y cinco abogados) que integran el Jurado de Enjuiciamiento para que “se pronuncien sobre su competencia para entender en el caso”.
Conte Grand intervino en el caso después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera una licencia compulsiva de 90 días para la polémica jueza y “le confiera vista” a la Procuración General para que evalúe la conducta y, en su caso, formulara la pertinente denuncia
Para el procurador general bonaerense, la prueba analizada “resulta incontrastable” y “acredita sin fisuras” que las conductas desplegadas por la jueza Makintach para poder “materializar un interés meramente personal, cuya finalidad última solo ella conoce”.
En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Conte Grand afirmó: “Resulta lamentable que haya utilizado la magistratura y, en definitiva, el poder que le otorga el Estado, para alcanzarlo [por el interés meramente personal]”.
A lo largo de 38 páginas, el procurador general bonaerense enumeró “nueve conductas desplegadas” por Makintach, que a continuación se detallan:
“Autorizó irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de los Tribunales de San Isidro un día domingo y por la puerta asignada a los magistrados, a fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona [que finalmente fue declarado nulo].Habilitó a un grupo de personas para que, de manera furtiva y clandestina, tomaran registros fílmicos del debate oral, con el único fin de realizar una miniserie.Violó la prohibición de grabar o filmar el debate, situación impuesta por el Tribunal que ella misma integraba.Abusó de su condición de magistrada para evitar que personal policial pudiera cumplir con su labor de tratar de impedir que terceros, autorizados por ella, filmaran la audiencia de debate.Sin autorización alguna, utilizó los recursos (materiales y humanos) del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal afectado a la custodia del debate, con fines estrictamente profesionales.Mintió de forma deliberada y recurrente, tanto a la prensa nacional e internacional, como ante sus pares del Tribunal, partes, abogados, prensa acreditada y público en general, al negar su participación en un documental.Afirmó sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aun cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal [por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari] quien exhibió las imágenes que la tenían como protagonista.Incurrió en “parcialidad manifiesta”, conducta que llevó, inexorablemente, a la declaración de nulidad del proceso.La repercusión social del escándalo y el perjuicio a la imagen del Poder Judicial. En este último punto, el noveno, Conte Grand enumeró una serie de notas periodísticas publicada por medios nacionales e internacionales.La jueza Julieta Makintach después de su apartamiento del juicio por la muerte de Diego Maradona
En la página 25 de su denuncia, Conte Grand recordó: “El agravio fue tan notorio que todas las partes intervinientes (Ministerio Público Fiscal, imputados y particulares damnificados) coincidieron en anular lo actuado hasta el momento, petición a la que hicieron lugar los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso”.
El jurado que estará a cargo de evaluar la conducta de Makintach será presidido por la jueza Kogan e integrado por los conjueces legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR-); la diputada Abigail Gómez, de La Libertada Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP).
Los conjueces abogados (con matrícula provincial) que salieron sorteados fueron Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini, del Colegio de Abogados de La Plata; Fabián Ramón González, de Morón, y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
Causa penal
Además del jury, que podría derivar en la destitución de la jueza Makintach, hay una investigación penal abierta que intenta determinar si la magistrada cometió un delito. El expediente, que está a cargo de los fiscales de San Isidro José Amallo, Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, se inició tras una denuncia presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradonay de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del astro mundial del fútbol.
En las últimas horas, ante el fiscal Amallo declaró como testigo una sargento de la policía bonaerense que cumple funciones como custodia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, que hasta su suspensión integraba Makintach.
La testigo, el 11 de marzo pasado, día que comenzó el juicio por la muerte de Maradona, recibió un mensaje de WhatsApp enviado por Makintach donde le decía, palabra más, palabras menos: “No toquen a mi gente”, en referencia a Jorge Huarte, un camarógrafoque estaba dentro de la sala de audiencias y filmaba las alternativas de los primeros minutos del debate.
Bajo juramento de decir la verdad, relató que cuando estaba por comenzar el juicio, Makintach le pidió una “vigilancia más personalizada”.
“Por ejemplo, Makintach llegaba y me daba la cartera”, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto de la declaración de la sargento de la fuerza de seguridad bonaerense.
El 11 de marzo pasado, poco antes de comenzar el juicio, Makintach le dijo a la uniformada: “Va a venir una amiga mía con gente, permitiles el ingreso”, recordó la testigo en su declaración.
Makintach se refería a Huarte, María Lia Vidal Aleman –amiga de la vida de la magistrada y a la que el camarógrafo definió como “la guionista”– y José Arnal, propietario de La Doble, productora que estaba detrás del documental Justicia Divina.
En la audiencia donde presentó las pruebas que vinculan a la jueza Makintach con el proyecto audiovisual, el fiscal Ferrari exhibió un video en el que se registró el ingreso a los tribunales de San Isidro del equipo a cargo de la filmación, acompañados por la sargento que ahora declaró como testigo.
“Subieron al despacho de la jueza Makintach. Después filmaron a la jueza cuando se dirigía a la sala de audiencias. ‘Vas a salir en la filmación’, me dijo Makintach. No tenía opción de decir que no”, recordó la testigo.
Después, Huarte, Vidal Aleman y Arnal ingresaron en la sala de audiencias. El camarógrafo comenzó a filmar. En ese momento se acercó una mujer policía que cumple funciones como custodia del TOC N°3 y le pidió que apagara la cámara. Fue en ese momento que Makintach envió el mensaje: “No toquen a mi gente”.
La custodia del TOC N°2 le mostró el mensaje a su compañera y poco después, Huarte pudo filmar sin mayores problemas.
“Al instante nos autorizaron. Creo que me dijo la guionista, ‘ya podés filmar’. No recuerdo bien cómo fue, pero la policía no se volvió a acercar. Creo que la jueza vio la situación. Interpreto que si me dicen ‘ya podés filmar’ es que estaba habilitado para hacerlo. La guionista se me acercó y me dijo algo al oído respecto a esto. A partir de eso ya no me llamaron la atención”, dijo Huarte cuando declaró como testigo.
Makintach designó abogados en el expediente donde intervienen los fiscales Amallo, Chaieb y Asprella. Se trata de los letrados Guillermo y Alfredo Soares Gache, del estudio Oderigo.
Se conocieron los fundamentos del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, en la denuncia donde pidió el jury para la polémica magistrada LA NACION
