Fentanilo mortal | El Ministerio de Salud será querellante en la causa y tendrá acceso al expediente
El Ministerio de Salud de la Nación fue aceptado como parte querellante en la causa judicial que investiga la distribución de un lote contaminado de fentanilo que habría provocado más de un centenar de internaciones y muertes en distintos puntos del país.
La presentación fue realizada por el ministro Mario Lugones y el equipo jurídico de la cartera sanitaria ante el Juzgado Federal de La Plata, donde se tramita la investigación.
A través de una serie de investigaciones periodísticas, LA NACION viene dando cuenta de las sospechas de narcotráfico, protección política y complicidades que atraviesan el caso.
El dato distintivo de la presentación judicial es que la querella no fue presentada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que es el organismo técnico responsable de autorizar y fiscalizar medicamentos en el país.
En cambio, la presentación corrió por cuenta del Ministerio, al cual la Anmat pertenece. Esto adquiere relevancia dado que si se confirman las irregularidades en el control del fentanilo, algunos funcionarios de la Anmat podrían quedar implicados en la causa.
La investigación penal, a cargo del juez Ernesto Kreplak se concentra en determinar las responsabilidades por la fabricación y distribución de un lote de fentanilo presuntamente contaminado, que fue utilizado en procedimientos médicos en al menos tres provincias.
El juez es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.
En las últimas semanas se confirmaron informes técnicos que detectaron la presencia de bacterias en algunas muestras de fentanilo, y se investiga si hubo fallas en la cadena de producción, control de calidad y fiscalización del producto. Se trata de un área de jurisdicción directa de la Anmat.
La presentación del Ministerio como querellante se fundamenta en la necesidad de “proteger la salud pública y colaborar con el esclarecimiento de los hechos”, según consta en el escrito judicial.
Según explicaron fuentes oficiales, “la participación del Ministerio como querellante busca reforzar la intervención del Estado en una causa de alto impacto sanitario y con alcance interjurisdiccional, fortaleciendo así la respuesta institucional frente a eventos que comprometen la salud colectiva”.
A partir de su aceptación, el ministerio a cargo de Lugones podrá acceder a la causa, presentar pruebas, solicitar medidas y participar activamente en las etapas procesales.
El expediente ya cuenta con documentación aportada por el propio Ministerio desde el inicio de la causa, incluyendo informes técnicos e intercambios con autoridades provinciales.
Por su parte, la Anmat no se ha presentado aún como parte en el expediente, aunque funcionarios de la cartera declararon en carácter de testigos, con información hasta por momentos contradictoria con la documentación reunida hasta el momento.
La Justicia analiza si existieron omisiones o irregularidades en sus tareas de fiscalización, tanto sobre el laboratorio fabricante como sobre la cadena de distribución del lote. Entre las medidas en curso se encuentran peritajes sobre documentación interna, trazabilidad de productos y eventuales incumplimientos de protocolos de control.
La causa judicial se inició tras la denuncia de casos clínicos graves en instituciones de salud que utilizaron ampollas de fentanilo de un mismo lote. Algunos de esos casos derivaron en muertes. Los lotes cuestionados fueron retirados del mercado, y se activaron alertas sanitarias en todo el país.
Hay 3000 dosis producidas en el Laboratorio Ramallo y en HLB Pharma repartidas en tres lotes de 1000 cada una que todavía no se sabe dónde están. La próxima muerte puede suceder ahora mismo. Las irregularidades del laboratorio han sido tan manifiestas que no es posible tener la trazabilidad de una droga letal, controlada como ninguna en todo el mundo.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) confeccionó 180 infracciones en el laboratorio y jamás se lo clausuró sino hasta la tragedia de las muertes que, en mayo pasado, se sucedieron en el hospital Italiano de La Plata.
El Ministerio de Salud de la Nación fue aceptado como parte querellante en la causa judicial que investiga la distribución de un lote contaminado de fentanilo que habría provocado más de un centenar de internaciones y muertes en distintos puntos del país.
La presentación fue realizada por el ministro Mario Lugones y el equipo jurídico de la cartera sanitaria ante el Juzgado Federal de La Plata, donde se tramita la investigación.
A través de una serie de investigaciones periodísticas, LA NACION viene dando cuenta de las sospechas de narcotráfico, protección política y complicidades que atraviesan el caso.
El dato distintivo de la presentación judicial es que la querella no fue presentada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que es el organismo técnico responsable de autorizar y fiscalizar medicamentos en el país.
En cambio, la presentación corrió por cuenta del Ministerio, al cual la Anmat pertenece. Esto adquiere relevancia dado que si se confirman las irregularidades en el control del fentanilo, algunos funcionarios de la Anmat podrían quedar implicados en la causa.
La investigación penal, a cargo del juez Ernesto Kreplak se concentra en determinar las responsabilidades por la fabricación y distribución de un lote de fentanilo presuntamente contaminado, que fue utilizado en procedimientos médicos en al menos tres provincias.
El juez es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.
En las últimas semanas se confirmaron informes técnicos que detectaron la presencia de bacterias en algunas muestras de fentanilo, y se investiga si hubo fallas en la cadena de producción, control de calidad y fiscalización del producto. Se trata de un área de jurisdicción directa de la Anmat.
La presentación del Ministerio como querellante se fundamenta en la necesidad de “proteger la salud pública y colaborar con el esclarecimiento de los hechos”, según consta en el escrito judicial.
Según explicaron fuentes oficiales, “la participación del Ministerio como querellante busca reforzar la intervención del Estado en una causa de alto impacto sanitario y con alcance interjurisdiccional, fortaleciendo así la respuesta institucional frente a eventos que comprometen la salud colectiva”.
A partir de su aceptación, el ministerio a cargo de Lugones podrá acceder a la causa, presentar pruebas, solicitar medidas y participar activamente en las etapas procesales.
El expediente ya cuenta con documentación aportada por el propio Ministerio desde el inicio de la causa, incluyendo informes técnicos e intercambios con autoridades provinciales.
Por su parte, la Anmat no se ha presentado aún como parte en el expediente, aunque funcionarios de la cartera declararon en carácter de testigos, con información hasta por momentos contradictoria con la documentación reunida hasta el momento.
La Justicia analiza si existieron omisiones o irregularidades en sus tareas de fiscalización, tanto sobre el laboratorio fabricante como sobre la cadena de distribución del lote. Entre las medidas en curso se encuentran peritajes sobre documentación interna, trazabilidad de productos y eventuales incumplimientos de protocolos de control.
La causa judicial se inició tras la denuncia de casos clínicos graves en instituciones de salud que utilizaron ampollas de fentanilo de un mismo lote. Algunos de esos casos derivaron en muertes. Los lotes cuestionados fueron retirados del mercado, y se activaron alertas sanitarias en todo el país.
Hay 3000 dosis producidas en el Laboratorio Ramallo y en HLB Pharma repartidas en tres lotes de 1000 cada una que todavía no se sabe dónde están. La próxima muerte puede suceder ahora mismo. Las irregularidades del laboratorio han sido tan manifiestas que no es posible tener la trazabilidad de una droga letal, controlada como ninguna en todo el mundo.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) confeccionó 180 infracciones en el laboratorio y jamás se lo clausuró sino hasta la tragedia de las muertes que, en mayo pasado, se sucedieron en el hospital Italiano de La Plata.
La cartera de Mario Lugones fue aceptada por el juez Kreplak; si se confirman las irregularidades, algunos funcionarios de la Anmat podrían quedar implicados en la investigación LA NACION
