Una deportación irregular reaviva el debate sobre la transparencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. La pareja venezolana, conformada por Franyeli Zambrano y Rolando Barrero Villegas, sin antecedentes penales, fue detenida en Utah a inicios de este año tras un control migratorio de rutina. Los deportaron, pero no los enviaron a su país de origen, sino a El Salvador.

De Utah a El Salvador: una ruta inesperada

La historia de esta pareja dio un giro inesperado cuando fueron enviados, no a Venezuela, como dicen haber firmado en su orden de deportación, sino al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una de las prisiones más duras del continente.

La pareja fue arrestada por ICE a inicios de febrero de este año y, según contaron a CNN, ambos aceptaron firmar voluntariamente su deportación, y creyeron que serían enviados a Venezuela, su país de origen. Zambrano incluso contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente y una orden voluntaria de salida. Pero tras subir a varios aviones y atravesar distintos traslados, la realidad fue otra.

“No están en Venezuela, están en El Salvador”, recordó Zambrano que les dijo uno de los oficiales cuando aterrizaron. El desconcierto se convirtió en angustia cuando su esposo fue separado de ella junto a otros hombres y enviado al Cecot, una prisión conocida por sus condiciones extremas y su enfoque en reclusos vinculados a pandillas.

Malas condiciones y denuncias de abuso

Zambrano relató que fue tratada “peor que a los animales” durante su detención, sin acceso adecuado a agua ni alimentación. Aunque ella fue finalmente deportada a Venezuela en abril, su esposo sigue detenido en El Salvador, sin explicación oficial sobre el cambio de destino ni garantías procesales claras, de acuerdo con Univision.

“Ni mi esposo ni yo teníamos delitos y aun así nos deportaron”, denunció la mujer. Ella asegura que la única razón que ICE argumentó para relacionarlos con una banda delictiva fue por sus tatuajes, una afirmación que considera infundada y discriminatoria.

Según Zambrano, esa acusación no solo carece de fundamento, sino que también constituye un acto de discriminación y estigmatización. “¿Desde cuándo un tatuaje es un delito? Mi esposo tiene dibujos que representan a nuestra familia, a nuestra lucha, no son símbolos de ninguna banda. Esa fue la única razón que usaron para destruirnos como familia”, sostuvo con indignación.

La falta de transparencia en el proceso, así como la imposibilidad de acceder a representación legal adecuada o información sobre el estado de su esposo, encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y defensa migratoria, como ACLU, tanto en Estados Unidos como en América Latina asegura, El País.

Reclamo de justicia desde Venezuela

Zambrano inició una campaña pública para denunciar su caso, exigir el regreso de su esposo y visibilizar lo que, a su juicio, es una muestra más de los abusos sistemáticos que enfrentan muchos migrantes bajo políticas migratorias que, según ella, criminalizan la pobreza y la apariencia.

“Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para devolverle su papá a mis hijos. No voy a permitir que una injusticia más quede enterrada en el silencio”, concluyó.

Organizaciones de derechos humanos han comenzado a indagar el caso, que ha sido calificado como un posible abuso de poder por parte de ICE. La deportación de migrantes a países distintos del acordado, especialmente a centros penitenciarios de alta seguridad como el Cecot, podría constituir una violación al debido proceso y al derecho internacional si no existen órdenes judiciales claras.

Además, el hecho de que Zambrano contara con un TPS activo y una orden voluntaria de salida vigente agrava las dudas sobre la legalidad del procedimiento. Zambrano ha enviado peticiones formales tanto a Estados Unidos como a El Salvador para esclarecer el paradero y estatus legal de su esposo. Al mismo tiempo, ha solicitado la intervención del gobierno venezolano para garantizar que Barrero pueda regresar al país y reunirse con su familia.

“Este no es solo un caso personal; hay más personas pasando por esto”, advirtió Zambrano, e insistió a los medios y la comunidad internacional a prestar atención a la deportación de migrantes sin garantías mínimas.

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Una deportación irregular reaviva el debate sobre la transparencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. La pareja venezolana, conformada por Franyeli Zambrano y Rolando Barrero Villegas, sin antecedentes penales, fue detenida en Utah a inicios de este año tras un control migratorio de rutina. Los deportaron, pero no los enviaron a su país de origen, sino a El Salvador.

De Utah a El Salvador: una ruta inesperada

La historia de esta pareja dio un giro inesperado cuando fueron enviados, no a Venezuela, como dicen haber firmado en su orden de deportación, sino al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una de las prisiones más duras del continente.

La pareja fue arrestada por ICE a inicios de febrero de este año y, según contaron a CNN, ambos aceptaron firmar voluntariamente su deportación, y creyeron que serían enviados a Venezuela, su país de origen. Zambrano incluso contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente y una orden voluntaria de salida. Pero tras subir a varios aviones y atravesar distintos traslados, la realidad fue otra.

“No están en Venezuela, están en El Salvador”, recordó Zambrano que les dijo uno de los oficiales cuando aterrizaron. El desconcierto se convirtió en angustia cuando su esposo fue separado de ella junto a otros hombres y enviado al Cecot, una prisión conocida por sus condiciones extremas y su enfoque en reclusos vinculados a pandillas.

Malas condiciones y denuncias de abuso

Zambrano relató que fue tratada “peor que a los animales” durante su detención, sin acceso adecuado a agua ni alimentación. Aunque ella fue finalmente deportada a Venezuela en abril, su esposo sigue detenido en El Salvador, sin explicación oficial sobre el cambio de destino ni garantías procesales claras, de acuerdo con Univision.

“Ni mi esposo ni yo teníamos delitos y aun así nos deportaron”, denunció la mujer. Ella asegura que la única razón que ICE argumentó para relacionarlos con una banda delictiva fue por sus tatuajes, una afirmación que considera infundada y discriminatoria.

Según Zambrano, esa acusación no solo carece de fundamento, sino que también constituye un acto de discriminación y estigmatización. “¿Desde cuándo un tatuaje es un delito? Mi esposo tiene dibujos que representan a nuestra familia, a nuestra lucha, no son símbolos de ninguna banda. Esa fue la única razón que usaron para destruirnos como familia”, sostuvo con indignación.

La falta de transparencia en el proceso, así como la imposibilidad de acceder a representación legal adecuada o información sobre el estado de su esposo, encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y defensa migratoria, como ACLU, tanto en Estados Unidos como en América Latina asegura, El País.

Reclamo de justicia desde Venezuela

Zambrano inició una campaña pública para denunciar su caso, exigir el regreso de su esposo y visibilizar lo que, a su juicio, es una muestra más de los abusos sistemáticos que enfrentan muchos migrantes bajo políticas migratorias que, según ella, criminalizan la pobreza y la apariencia.

“Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para devolverle su papá a mis hijos. No voy a permitir que una injusticia más quede enterrada en el silencio”, concluyó.

Organizaciones de derechos humanos han comenzado a indagar el caso, que ha sido calificado como un posible abuso de poder por parte de ICE. La deportación de migrantes a países distintos del acordado, especialmente a centros penitenciarios de alta seguridad como el Cecot, podría constituir una violación al debido proceso y al derecho internacional si no existen órdenes judiciales claras.

Además, el hecho de que Zambrano contara con un TPS activo y una orden voluntaria de salida vigente agrava las dudas sobre la legalidad del procedimiento. Zambrano ha enviado peticiones formales tanto a Estados Unidos como a El Salvador para esclarecer el paradero y estatus legal de su esposo. Al mismo tiempo, ha solicitado la intervención del gobierno venezolano para garantizar que Barrero pueda regresar al país y reunirse con su familia.

“Este no es solo un caso personal; hay más personas pasando por esto”, advirtió Zambrano, e insistió a los medios y la comunidad internacional a prestar atención a la deportación de migrantes sin garantías mínimas.

 Venezolanos Rolando Barrero (con TPS) y Franyeli Zambrano fueron detenidos en Utah y deportados a El Salvador por ICE. Un caso que expone las fuertes críticas sobre las deportaciones en EE. UU.  LA NACION