El pacto con Milei elevó la tensión en el bloque de Pro con los diputados que no quieren cambiar su voto
Las próximas votaciones en Diputados serán la primera prueba de amor de Pro hacia La Libertad Avanza (LLA), luego de sellar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei se prepara para vetar dos leyes que fueron avaladas por parte del macrismo: el aumento de los haberes jubilatorios y la emergencia en discapacidad. El Gobierno también buscará frenar la emergencia en Bahía Blanca, aprobada originalmente con el voto de 15 diputados de Pro, nueve de ellos bonaerenses.
La disyuntiva es clara: volver sobre sus pasos para priorizar la alianza política o sostener sus posiciones legislativas a pesar del entendimiento electoral. La discusión está abierta y forma parte de tensiones internas que ya no se disimulan. Mientras un sector apuesta a consolidar su sintonía con el oficialismo, otro se rehúsa a votar con el oficialismo sin condiciones. Los gobernadores, por su parte, priorizan sus territorios y relativizan el acuerdo sellado en territorio bonaerense.
La lupa estará puesta sobre Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, que deberá ordenar voluntades para evitar un nuevo revés legislativo para el Gobierno. El propio Ritondo votó a favor de la emergencia en Bahía Blanca, junto a otros 14 legisladores. Esa ley fue vetada por Milei, pero tras la insistencia del Senado, la Cámara baja tendrá ahora la última palabra. Diputados como Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Gerardo Milman −alineados con el armado libertario− deberán cambiar su voto para evitar fricciones con el nuevo socio político.
“El Gobierno dice que ya giró los fondos a Bahía Blanca”, deslizó un referente de Pro que tantea su giro. Aclaró, sin embargo, que el tema aún no fue discutido por la bancada. La reunión habitual de los martes por la tarde lleva ya tres semanas consecutivas cancelada. “¿Para qué vamos a tocarle los bigotes al tigre?”, ironizó uno de los integrantes del bloque, en alusión a las tensiones que atraviesan al espacio.
Pero no es la única diferencia. El aumento jubilatorio del 7,2% y el bono de $110.000 también abrió grietas. Nueve legisladores del macrismo puro se abstuvieron al momento de la votación en Diputados. Una de ellas, María Eugenia Vidal, explicó su postura en un video publicado en X. Allí destacó el costo fiscal de la medida -0,9% del PBI- y planteó que es necesario “administrar mejor”. Aclaró que no acompañará “proyectos ridículos” del kirchnerismo, pero tampoco validará que no haya ninguna respuesta para los jubilados. Propuso discutir el presupuesto nacional para identificar fuentes de financiamiento y apuntó contra las transferencias a empresas públicas, que representan un 0,7% del PBI. “Le dimos al Gobierno el aval para privatizarlas y todavía no privatizó ninguna”, cuestionó.
Sobre jubilaciones, emergencia de discapacidad y el circo de la política. pic.twitter.com/s1HMjPP9EW
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 13, 2025
La emergencia en discapacidad será otra discusión sensible. Héctor Baldassi (Córdoba) votó a favor, Karina Bachey (San Luis) se abstuvo y otros cuatro diputados de Pro estuvieron ausentes.
Los gobernadores son la tercera pata del espacio, cada vez más fragmentado. Mantienen una disputa directa con la Nación por fondos que, aseguran, les corresponden a las provincias. Exigen el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la eliminación de fondos fiduciarios. Dos de esas iniciativas ya cuentan con media sanción del Senado y esperan la aprobación final en Diputados.
Cinco mandatarios provinciales presionan con legisladores propios dentro del bloque que conduce Ritondo. Tres de ellos son de Pro: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA) e Ignacio Torres (Chubut). Se suman Claudio Poggi (San Luis), que gobierna con una coalición de Juntos por el Cambio, y Gustavo Valdés (Corrientes), radical, pero con influencia directa sobre la diputada Sofía Brambilla, de Pro.
En reserva, algunos gobernadores se ilusionan con formar un espacio que responda directamente a sus intereses. Sus delegados en el Congreso no hablan de ruptura, pero marcan sus límites sin rodeos: “Vamos a seguir defendiendo las agendas provinciales”. En un mensaje directo a sus colegas bonaerenses, advierten: “No vamos atrás de otras jurisdicciones”.
Las autoridades de Pro en Diputados reconocen que algunas discusiones internas ya están perdidas. Mientras tanto, esperan que el Gobierno se involucre para descomprimir. “Si no los arreglás, te van a meter una sesión por semana”, pronostican sobre la oposición dura, que aprovecha el hastío de los gobernadores.
El Pro se enfrenta, así, a una tensión que trasciende lo legislativo: deberá administrar su vínculo con el oficialismo, las fricciones dentro del bloque y banderas que fueron −o siguen siendo− parte de su identidad política.
Las próximas votaciones en Diputados serán la primera prueba de amor de Pro hacia La Libertad Avanza (LLA), luego de sellar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei se prepara para vetar dos leyes que fueron avaladas por parte del macrismo: el aumento de los haberes jubilatorios y la emergencia en discapacidad. El Gobierno también buscará frenar la emergencia en Bahía Blanca, aprobada originalmente con el voto de 15 diputados de Pro, nueve de ellos bonaerenses.
La disyuntiva es clara: volver sobre sus pasos para priorizar la alianza política o sostener sus posiciones legislativas a pesar del entendimiento electoral. La discusión está abierta y forma parte de tensiones internas que ya no se disimulan. Mientras un sector apuesta a consolidar su sintonía con el oficialismo, otro se rehúsa a votar con el oficialismo sin condiciones. Los gobernadores, por su parte, priorizan sus territorios y relativizan el acuerdo sellado en territorio bonaerense.
La lupa estará puesta sobre Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, que deberá ordenar voluntades para evitar un nuevo revés legislativo para el Gobierno. El propio Ritondo votó a favor de la emergencia en Bahía Blanca, junto a otros 14 legisladores. Esa ley fue vetada por Milei, pero tras la insistencia del Senado, la Cámara baja tendrá ahora la última palabra. Diputados como Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Gerardo Milman −alineados con el armado libertario− deberán cambiar su voto para evitar fricciones con el nuevo socio político.
“El Gobierno dice que ya giró los fondos a Bahía Blanca”, deslizó un referente de Pro que tantea su giro. Aclaró, sin embargo, que el tema aún no fue discutido por la bancada. La reunión habitual de los martes por la tarde lleva ya tres semanas consecutivas cancelada. “¿Para qué vamos a tocarle los bigotes al tigre?”, ironizó uno de los integrantes del bloque, en alusión a las tensiones que atraviesan al espacio.
Pero no es la única diferencia. El aumento jubilatorio del 7,2% y el bono de $110.000 también abrió grietas. Nueve legisladores del macrismo puro se abstuvieron al momento de la votación en Diputados. Una de ellas, María Eugenia Vidal, explicó su postura en un video publicado en X. Allí destacó el costo fiscal de la medida -0,9% del PBI- y planteó que es necesario “administrar mejor”. Aclaró que no acompañará “proyectos ridículos” del kirchnerismo, pero tampoco validará que no haya ninguna respuesta para los jubilados. Propuso discutir el presupuesto nacional para identificar fuentes de financiamiento y apuntó contra las transferencias a empresas públicas, que representan un 0,7% del PBI. “Le dimos al Gobierno el aval para privatizarlas y todavía no privatizó ninguna”, cuestionó.
Sobre jubilaciones, emergencia de discapacidad y el circo de la política. pic.twitter.com/s1HMjPP9EW
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 13, 2025
La emergencia en discapacidad será otra discusión sensible. Héctor Baldassi (Córdoba) votó a favor, Karina Bachey (San Luis) se abstuvo y otros cuatro diputados de Pro estuvieron ausentes.
Los gobernadores son la tercera pata del espacio, cada vez más fragmentado. Mantienen una disputa directa con la Nación por fondos que, aseguran, les corresponden a las provincias. Exigen el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la eliminación de fondos fiduciarios. Dos de esas iniciativas ya cuentan con media sanción del Senado y esperan la aprobación final en Diputados.
Cinco mandatarios provinciales presionan con legisladores propios dentro del bloque que conduce Ritondo. Tres de ellos son de Pro: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA) e Ignacio Torres (Chubut). Se suman Claudio Poggi (San Luis), que gobierna con una coalición de Juntos por el Cambio, y Gustavo Valdés (Corrientes), radical, pero con influencia directa sobre la diputada Sofía Brambilla, de Pro.
En reserva, algunos gobernadores se ilusionan con formar un espacio que responda directamente a sus intereses. Sus delegados en el Congreso no hablan de ruptura, pero marcan sus límites sin rodeos: “Vamos a seguir defendiendo las agendas provinciales”. En un mensaje directo a sus colegas bonaerenses, advierten: “No vamos atrás de otras jurisdicciones”.
Las autoridades de Pro en Diputados reconocen que algunas discusiones internas ya están perdidas. Mientras tanto, esperan que el Gobierno se involucre para descomprimir. “Si no los arreglás, te van a meter una sesión por semana”, pronostican sobre la oposición dura, que aprovecha el hastío de los gobernadores.
El Pro se enfrenta, así, a una tensión que trasciende lo legislativo: deberá administrar su vínculo con el oficialismo, las fricciones dentro del bloque y banderas que fueron −o siguen siendo− parte de su identidad política.
Quince legisladores respaldaron la emergencia en Bahía Blanca y nueve evitaron rechazar el aumento jubilatorio; los gobernadores se desentienden del acuerdo electoral bonaerense LA NACION
