El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo vía libre para su reelección indefinida, luego de que el Congreso, bajo su control, aprobó una profunda reforma constitucional que también amplió el mandato de gobierno a seis años. La iniciativa fue aprobada por los 57 diputados oficialistas de una Asamblea Legislativa de 60 escaños que decidieron permitir la reelección sin reservas, ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.
Este giro es el resultado de un largo proceso marcado por una erosión progresiva del Estado de Derecho, el control de las instituciones, la reducción de las libertades fundamentales y el cuestionamiento sistemático de la independencia de los poderes. La oposición, con escasas posibilidades de enfrentar el poder absoluto de Bukele, considera que con la reforma constitucional que habilitó el presidente salvadoreño está muriendo la democracia en ese país.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos consideraron la decisión como un golpe mortal a la democracia y una manipulación de la Constitución salvadoreña para favorecer las ambiciones de poder de Bukele que ha destruido la institucionalidad y creado una maraña de manejables funcionarios para su propósito de reelección.
Las críticas no provocaron ningún impacto en el gobierno que, como era de esperarse, defendió la reforma y, a través de un mensaje en X, reaccionó diciendo que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida sin que nadie se inmute por ello. Con anterioridad, y en ocasión del primer aniversario de su segundo mandato, Bukele manifestó que lo tenía sin cuidado que lo llamasen dictador.
Recientemente, en su primera reacción oficial, la Casa Blanca respaldó la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida en El Salvador y negó que el presidente Bukele, un firme aliado de Donald Trump, esté dando pasos hacia una dictadura.
El presidente salvadoreño goza de enorme popularidad por su guerra contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país. El éxito no ha sido gratuito, ya que El Salvador ha visto desaparecer de forma progresiva todos los contrapesos institucionales: no hay manera de que el Congreso se le oponga ni Justicia que lo limite ni prensa independiente que pueda fiscalizar sin ser perseguida. El régimen va camino de convertirse en una dictadura.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo vía libre para su reelección indefinida, luego de que el Congreso, bajo su control, aprobó una profunda reforma constitucional que también amplió el mandato de gobierno a seis años. La iniciativa fue aprobada por los 57 diputados oficialistas de una Asamblea Legislativa de 60 escaños que decidieron permitir la reelección sin reservas, ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.
Este giro es el resultado de un largo proceso marcado por una erosión progresiva del Estado de Derecho, el control de las instituciones, la reducción de las libertades fundamentales y el cuestionamiento sistemático de la independencia de los poderes. La oposición, con escasas posibilidades de enfrentar el poder absoluto de Bukele, considera que con la reforma constitucional que habilitó el presidente salvadoreño está muriendo la democracia en ese país.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos consideraron la decisión como un golpe mortal a la democracia y una manipulación de la Constitución salvadoreña para favorecer las ambiciones de poder de Bukele que ha destruido la institucionalidad y creado una maraña de manejables funcionarios para su propósito de reelección.
Las críticas no provocaron ningún impacto en el gobierno que, como era de esperarse, defendió la reforma y, a través de un mensaje en X, reaccionó diciendo que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida sin que nadie se inmute por ello. Con anterioridad, y en ocasión del primer aniversario de su segundo mandato, Bukele manifestó que lo tenía sin cuidado que lo llamasen dictador.
Recientemente, en su primera reacción oficial, la Casa Blanca respaldó la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida en El Salvador y negó que el presidente Bukele, un firme aliado de Donald Trump, esté dando pasos hacia una dictadura.
El presidente salvadoreño goza de enorme popularidad por su guerra contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país. El éxito no ha sido gratuito, ya que El Salvador ha visto desaparecer de forma progresiva todos los contrapesos institucionales: no hay manera de que el Congreso se le oponga ni Justicia que lo limite ni prensa independiente que pueda fiscalizar sin ser perseguida. El régimen va camino de convertirse en una dictadura.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo vía libre para su reelección indefinida, luego de que el Congreso, bajo su control, aprobó una profunda reforma constitucional que también amplió el mandato de gobierno a seis años. La iniciativa fue aprobada por los 57 diputados oficialistas de una Asamblea Legislativa de 60 escaños que decidieron permitir la reelección sin reservas, ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.Este giro es el resultado de un largo proceso marcado por una erosión progresiva del Estado de Derecho, el control de las instituciones, la reducción de las libertades fundamentales y el cuestionamiento sistemático de la independencia de los poderes. La oposición, con escasas posibilidades de enfrentar el poder absoluto de Bukele, considera que con la reforma constitucional que habilitó el presidente salvadoreño está muriendo la democracia en ese país.Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos consideraron la decisión como un golpe mortal a la democracia y una manipulación de la Constitución salvadoreña para favorecer las ambiciones de poder de Bukele que ha destruido la institucionalidad y creado una maraña de manejables funcionarios para su propósito de reelección.Las críticas no provocaron ningún impacto en el gobierno que, como era de esperarse, defendió la reforma y, a través de un mensaje en X, reaccionó diciendo que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida sin que nadie se inmute por ello. Con anterioridad, y en ocasión del primer aniversario de su segundo mandato, Bukele manifestó que lo tenía sin cuidado que lo llamasen dictador.Recientemente, en su primera reacción oficial, la Casa Blanca respaldó la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida en El Salvador y negó que el presidente Bukele, un firme aliado de Donald Trump, esté dando pasos hacia una dictadura.El presidente salvadoreño goza de enorme popularidad por su guerra contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país. El éxito no ha sido gratuito, ya que El Salvador ha visto desaparecer de forma progresiva todos los contrapesos institucionales: no hay manera de que el Congreso se le oponga ni Justicia que lo limite ni prensa independiente que pueda fiscalizar sin ser perseguida. El régimen va camino de convertirse en una dictadura. LA NACION
