La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a más de 350 mil venezolanos. El beneficio había sido impulsado por la administración de Joe Biden, mientras que en febrero de este año fue revertido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Con esta decisión judicial, los afectados podrían perder su permiso de trabajo y enfrentar la deportación, mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.

Adiós al TPS: la orden que abre una nueva etapa en los planes de Trump

“Es la mayor revocación de estatus migratorio para un solo grupo en la historia moderna del país”, denunció Ahilan Arulanantham, uno de los abogados del caso. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que se opuso a la decisión del máximo tribunal de Estados Unidos.

Aunque el proceso legal continúa, esta determinación de la Corte Suprema allana el camino para que la administración Trump acelere su agenda migratoria, que también incluye la eliminación del TPS para haitianos a partir de agosto.

Cronología del TPS para venezolanos: del impulso de Biden a la revocación de Trump

El programa TPS fue creado en 1990 para conceder protección migratoria temporal a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis excepcionales. En marzo de 2021, Biden incluyó a Venezuela debido a la grave crisis humanitaria y política de ese país. En octubre de 2023, extendieron ese beneficio por 18 meses.

No obstante, con su llegada a la Casa Blanca, Trump decidió dar marcha atrás con el TPS para venezolanos, al argumentar que el programa era “contrario al interés nacional”. Entonces, ordenó su anulación, que iba a entrar en vigor el 7 de abril. Fue entonces que un juez federal en California bloqueó temporalmente esa acción al considerar que la postura del presidente estaba basada en prejuicios raciales. Sin embargo, esa medida fue levantada este lunes por la Corte Suprema.

Noticia en desarrollo.

​

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a más de 350 mil venezolanos. El beneficio había sido impulsado por la administración de Joe Biden, mientras que en febrero de este año fue revertido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Con esta decisión judicial, los afectados podrían perder su permiso de trabajo y enfrentar la deportación, mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.

Adiós al TPS: la orden que abre una nueva etapa en los planes de Trump

“Es la mayor revocación de estatus migratorio para un solo grupo en la historia moderna del país”, denunció Ahilan Arulanantham, uno de los abogados del caso. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que se opuso a la decisión del máximo tribunal de Estados Unidos.

Aunque el proceso legal continúa, esta determinación de la Corte Suprema allana el camino para que la administración Trump acelere su agenda migratoria, que también incluye la eliminación del TPS para haitianos a partir de agosto.

Cronología del TPS para venezolanos: del impulso de Biden a la revocación de Trump

El programa TPS fue creado en 1990 para conceder protección migratoria temporal a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis excepcionales. En marzo de 2021, Biden incluyó a Venezuela debido a la grave crisis humanitaria y política de ese país. En octubre de 2023, extendieron ese beneficio por 18 meses.

No obstante, con su llegada a la Casa Blanca, Trump decidió dar marcha atrás con el TPS para venezolanos, al argumentar que el programa era “contrario al interés nacional”. Entonces, ordenó su anulación, que iba a entrar en vigor el 7 de abril. Fue entonces que un juez federal en California bloqueó temporalmente esa acción al considerar que la postura del presidente estaba basada en prejuicios raciales. Sin embargo, esa medida fue levantada este lunes por la Corte Suprema.

Noticia en desarrollo.

 El beneficio había sido impulsado por la administración de Joe Biden, mientras que en febrero de este año fue revertido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Con esta decisión judicial, los afectados podrían perder su permiso de trabajo y enfrentar la deportación, mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.  LA NACION