En Nuevo México: estas serían las sanciones contra las ciudades santuario en la mira de Trump

El pasado 29 de mayo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una lista de las llamadas “ciudades santuario” a manera de advertencia para futuras sanciones. Entre las ciudades en cuestión se encontraba especialmente Santa Fe, la capital de Nuevo México, misma que fue señalada como una de las jurisdicciones que, según el gobierno federal, “obstaculizaban la política migratoria al negarse a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.
Qué sanciones se plantean para Santa Fe, Nuevo México, como “ciudad santuario
En un comunicado del DHS, la secretaria de Seguridad Nacional (Kristi Noem) incluyó una lista de las consideradas “ciudades/jurisdicciones santuario” de Estados Unidos para advertirles sobre futuras sanciones en su contra.
Aunque la lista se borró de la página oficial del DHS debido a críticas generalizadas, según medios como Fox News, las posibles sanciones incluyen la suspensión o rescisión de fondos federales, así como la aplicación de medidas jurídicas y policiales por parte del Departamento de Justicia.
Si bien la lista ya no está disponible en canales gubernamentales, medios locales de Nuevo México (como KOB4) apuntan a Santa Fe y a Alburquerque como lugares especialmente señalados en la misma. Bajo la línea del comunicado ya citado, ambas ciudades y otros condados clave de la entidad podrían ser sujetos a dichas sanciones.
Por su parte, el DHS reiteró en su comunicado que “las jurisdicciones santuario deben revisar y modificar sus políticas migratorias por orden ejecutiva del presidente Trump”. Además, advirtió que las entidades “en riesgo” serán notificadas formalmente, y en el largo plazo, podrían enfrentar consecuencias legales si no modifican sus estatutos de colaboración con ICE.
Respuesta de las autoridades de Nuevo México frente a las posibles sanciones por ser “estado santuario”
En entrevista con KOAT Action 7 News, el director de comunicaciones de la oficina de la gobernadora Michelle Lujan Grisham, Michael Coleman, afirmó que la entidad mantiene su postura para proteger los derechos de los migrantes. En complemento, no descartó la “revisión” a la orden del DHS.
“Estamos en revisión de esta confusa lista federal, y estoy seguro de que muchos condados de Nuevo México podrían sentirse aludidos. Necesitamos explicaciones más claras de las autoridades federales para comprender plenamente las implicaciones”, declaró Coleman en su entrevista.
En complemento a lo anterior, Coleman aseguró que el estado continuará con la oferta de servicios esenciales a todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio. Además, reafirmó que la administración estatal vigente se opondrá a cualquier intento de recortar fondos federales como represalia por sus políticas.
Leyes en Nuevo México que protegen a los migrantes y que lo convierten en “estado santuario”
Según puntualiza la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Nuevo México cuenta con leyes “amigables” para los migrantes, independientemente de su respectivo estatus. En otras palabras, se considera “entidad Santuario” debido a las siguientes legislaciones vigentes:
Prohibición de detenciones por solicitud de ICE sin orden judicial: en 2017, un juez federal dictaminó que el condado de San Juan no podía cumplir con las solicitudes de detención de ICE sin una orden judicial, lo que estableció el precedente legal en todo el estado.HB 9 o Ley de Seguridad para Inmigrantes: en 2025, la Cámara de Representantes de Nuevo México aprobó la HB 9. Esta legislación busca poner fin a la participación del estado en el sistema de detención migratoria federal.Directrices del Fiscal General de Nuevo México: en respuesta a la orden ejecutiva de Donald Trump que revocó protecciones federales para lugares sensibles como escuelas y hospitales, el Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, emitió directrices específicas para proteger a las familias y comunidades del estado.
El pasado 29 de mayo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una lista de las llamadas “ciudades santuario” a manera de advertencia para futuras sanciones. Entre las ciudades en cuestión se encontraba especialmente Santa Fe, la capital de Nuevo México, misma que fue señalada como una de las jurisdicciones que, según el gobierno federal, “obstaculizaban la política migratoria al negarse a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.
Qué sanciones se plantean para Santa Fe, Nuevo México, como “ciudad santuario
En un comunicado del DHS, la secretaria de Seguridad Nacional (Kristi Noem) incluyó una lista de las consideradas “ciudades/jurisdicciones santuario” de Estados Unidos para advertirles sobre futuras sanciones en su contra.
Aunque la lista se borró de la página oficial del DHS debido a críticas generalizadas, según medios como Fox News, las posibles sanciones incluyen la suspensión o rescisión de fondos federales, así como la aplicación de medidas jurídicas y policiales por parte del Departamento de Justicia.
Si bien la lista ya no está disponible en canales gubernamentales, medios locales de Nuevo México (como KOB4) apuntan a Santa Fe y a Alburquerque como lugares especialmente señalados en la misma. Bajo la línea del comunicado ya citado, ambas ciudades y otros condados clave de la entidad podrían ser sujetos a dichas sanciones.
Por su parte, el DHS reiteró en su comunicado que “las jurisdicciones santuario deben revisar y modificar sus políticas migratorias por orden ejecutiva del presidente Trump”. Además, advirtió que las entidades “en riesgo” serán notificadas formalmente, y en el largo plazo, podrían enfrentar consecuencias legales si no modifican sus estatutos de colaboración con ICE.
Respuesta de las autoridades de Nuevo México frente a las posibles sanciones por ser “estado santuario”
En entrevista con KOAT Action 7 News, el director de comunicaciones de la oficina de la gobernadora Michelle Lujan Grisham, Michael Coleman, afirmó que la entidad mantiene su postura para proteger los derechos de los migrantes. En complemento, no descartó la “revisión” a la orden del DHS.
“Estamos en revisión de esta confusa lista federal, y estoy seguro de que muchos condados de Nuevo México podrían sentirse aludidos. Necesitamos explicaciones más claras de las autoridades federales para comprender plenamente las implicaciones”, declaró Coleman en su entrevista.
En complemento a lo anterior, Coleman aseguró que el estado continuará con la oferta de servicios esenciales a todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio. Además, reafirmó que la administración estatal vigente se opondrá a cualquier intento de recortar fondos federales como represalia por sus políticas.
Leyes en Nuevo México que protegen a los migrantes y que lo convierten en “estado santuario”
Según puntualiza la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Nuevo México cuenta con leyes “amigables” para los migrantes, independientemente de su respectivo estatus. En otras palabras, se considera “entidad Santuario” debido a las siguientes legislaciones vigentes:
Prohibición de detenciones por solicitud de ICE sin orden judicial: en 2017, un juez federal dictaminó que el condado de San Juan no podía cumplir con las solicitudes de detención de ICE sin una orden judicial, lo que estableció el precedente legal en todo el estado.HB 9 o Ley de Seguridad para Inmigrantes: en 2025, la Cámara de Representantes de Nuevo México aprobó la HB 9. Esta legislación busca poner fin a la participación del estado en el sistema de detención migratoria federal.Directrices del Fiscal General de Nuevo México: en respuesta a la orden ejecutiva de Donald Trump que revocó protecciones federales para lugares sensibles como escuelas y hospitales, el Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, emitió directrices específicas para proteger a las familias y comunidades del estado. Trump apunta a ciudades santuario en Nuevo México con posibles sanciones; una lista federal identifica a las jurisdicciones en riesgo LA NACION