El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para la Policía Federal y redefine su rol fuera de la Ciudad
El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) para que quede orientada exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos. A través del Decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó el decreto-ley de 1958 que regía la estructura de la fuerza y se puso en marcha un programa de modernización financiado con fondos reasignados por la reducción en la cantidad de ingresantes. El decreto establece que la PFA ya no tendrá competencias sobre seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, función que había sido progresivamente transferida a través de un convenio con el gobierno porteño en 2016.
La medida redefine funciones, competencias, escalafones y recursos humanos de la institución, y establece como principal misión de la fuerza la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales. La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, también prevé la implementación de un sistema de seguimiento del desempeño institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.
El decreto incluye un anexo con el nuevo Estatuto de la Policía Federal, que establece una estructura organizativa dividida en dos departamentos principales: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC). Ambos estarán conformados por superintendencias y direcciones generales orientadas a áreas clave como inteligencia criminal, narcotráfico, análisis forense, cooperación internacional, comunicaciones, bienestar del personal y asuntos internos.
Uno de los cambios más significativos es la supresión formal de las funciones relacionadas con la seguridad local en el ámbito porteño. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en otros ámbitos jurisdiccionales de forma subsidiaria, a requerimiento de la autoridad competente o ante delitos flagrantes.
El proceso de reforma busca reducir el tamaño de la fuerza y reconvertir su perfil operativo. El decreto instruye al Ministerio de Seguridad a fijar un cupo anual máximo de suboficiales ingresantes, que no podrá superar el registrado en 2025 y deberá disminuir de forma progresiva. La disminución en la cantidad de ingresantes generará un ahorro presupuestario que se destinará al nuevo Programa de Modernización de la PFA.
Este programa estará enfocado en la adquisición de bienes de uso, soluciones tecnológicas y rediseño de procesos, con el objetivo de modernizar las capacidades de investigación y fortalecer la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. También se contempla el rediseño de protocolos, mecanismos de coordinación y capacitación del personal, con énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías.
En el plano institucional, se establece una línea de mando clara. La Jefatura y Subjefatura serán designadas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Seguridad, y podrán ser ejercidas tanto por oficiales en actividad como por personas ajenas a la fuerza, en casos excepcionales y fundados. También se fortalecen las atribuciones de las direcciones de Planeamiento, Evaluación y Cooperación Internacional.
En cuanto al control interno, la Dirección General de Asuntos Internos contará con mayor autonomía funcional, vínculo directo con el Ministerio de Seguridad y la facultad de llevar adelante investigaciones y sumarios. Cualquier traslado de su personal deberá ser debidamente fundado e informado a la cartera de Seguridad, que tendrá capacidad de revisión o anulación.
La fuerza podrá actuar como auxiliar de la Justicia en investigaciones de delitos federales, coordinar acciones con otras fuerzas nacionales e internacionales y realizar tareas de inteligencia en el marco de la Ley 25.520. También podrá operar en espacios digitales públicos —como redes sociales y sitios web abiertos— para tareas de prevención del delito, siempre que se respeten los derechos fundamentales.
La publicación de esta norma en el Boletín Oficial, se da en el mismo día en que, como anticipó LA NACION, el presidente Javier Milei tiene previsto mostrarse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del relanzamiento institucional de la PFA. El encuentro, además, cobra especial relevancia ya que el próximo miércoles Bullrich deberá supervisar el operativo de seguridad dispuesto para supervisar la movilización que acompañará a la expresidenta Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py.
El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) para que quede orientada exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos. A través del Decreto 383/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó el decreto-ley de 1958 que regía la estructura de la fuerza y se puso en marcha un programa de modernización financiado con fondos reasignados por la reducción en la cantidad de ingresantes. El decreto establece que la PFA ya no tendrá competencias sobre seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, función que había sido progresivamente transferida a través de un convenio con el gobierno porteño en 2016.
La medida redefine funciones, competencias, escalafones y recursos humanos de la institución, y establece como principal misión de la fuerza la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, así como la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales. La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, también prevé la implementación de un sistema de seguimiento del desempeño institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.
El decreto incluye un anexo con el nuevo Estatuto de la Policía Federal, que establece una estructura organizativa dividida en dos departamentos principales: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC). Ambos estarán conformados por superintendencias y direcciones generales orientadas a áreas clave como inteligencia criminal, narcotráfico, análisis forense, cooperación internacional, comunicaciones, bienestar del personal y asuntos internos.
Uno de los cambios más significativos es la supresión formal de las funciones relacionadas con la seguridad local en el ámbito porteño. A partir de ahora, la PFA solo podrá intervenir en otros ámbitos jurisdiccionales de forma subsidiaria, a requerimiento de la autoridad competente o ante delitos flagrantes.
El proceso de reforma busca reducir el tamaño de la fuerza y reconvertir su perfil operativo. El decreto instruye al Ministerio de Seguridad a fijar un cupo anual máximo de suboficiales ingresantes, que no podrá superar el registrado en 2025 y deberá disminuir de forma progresiva. La disminución en la cantidad de ingresantes generará un ahorro presupuestario que se destinará al nuevo Programa de Modernización de la PFA.
Este programa estará enfocado en la adquisición de bienes de uso, soluciones tecnológicas y rediseño de procesos, con el objetivo de modernizar las capacidades de investigación y fortalecer la articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. También se contempla el rediseño de protocolos, mecanismos de coordinación y capacitación del personal, con énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías.
En el plano institucional, se establece una línea de mando clara. La Jefatura y Subjefatura serán designadas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Seguridad, y podrán ser ejercidas tanto por oficiales en actividad como por personas ajenas a la fuerza, en casos excepcionales y fundados. También se fortalecen las atribuciones de las direcciones de Planeamiento, Evaluación y Cooperación Internacional.
En cuanto al control interno, la Dirección General de Asuntos Internos contará con mayor autonomía funcional, vínculo directo con el Ministerio de Seguridad y la facultad de llevar adelante investigaciones y sumarios. Cualquier traslado de su personal deberá ser debidamente fundado e informado a la cartera de Seguridad, que tendrá capacidad de revisión o anulación.
La fuerza podrá actuar como auxiliar de la Justicia en investigaciones de delitos federales, coordinar acciones con otras fuerzas nacionales e internacionales y realizar tareas de inteligencia en el marco de la Ley 25.520. También podrá operar en espacios digitales públicos —como redes sociales y sitios web abiertos— para tareas de prevención del delito, siempre que se respeten los derechos fundamentales.
La publicación de esta norma en el Boletín Oficial, se da en el mismo día en que, como anticipó LA NACION, el presidente Javier Milei tiene previsto mostrarse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del relanzamiento institucional de la PFA. El encuentro, además, cobra especial relevancia ya que el próximo miércoles Bullrich deberá supervisar el operativo de seguridad dispuesto para supervisar la movilización que acompañará a la expresidenta Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py.
El relanzamiento institucional de la fuerza se oficializa a horas del operativo por la movilización que acompañará a Cristina Kirchner a Comodoro Py LA NACION
