Un conflicto legal se desató en Florida entre el Poder Judicial federal y el fiscal general James Uthmeier. En una decisión sin precedentes, una jueza federal lo declaró en desacato por desobedecer una orden que prohibía aplicar una controvertida ley estatal de inmigración. Mientras el Estado Soleado busca endurecer su postura frente a los extranjeros indocumentados, el sistema judicial estableció límites a la normativa impulsada por Ron DeSantis.

La orden judicial que James Uthmeier decidió ignorar

El 17 de junio, la jueza Kathleen Williams del tribunal federal del distrito sur de Florida sancionó al fiscal general James Uthmeier por incumplir una orden que bloqueaba la aplicación de la Ley SB 4-C. Según informó Miami Herald, la magistrada consideró que el político deliberadamente violó la medida cautelar al instruir a agencias policiales para que ignoraran la prohibición y continuaran con detenciones bajo la nueva normativa.

La controversia estalló luego de que, el 23 de abril, Uthmeier comunicara a las fuerzas de seguridad que “no existía ninguna orden judicial que los restringiera” de aplicar la ley migratoria del estado. La afirmación contradecía directamente la orden de la magistrada Williams, quien había determinado que la ley debía suspenderse por vulnerar competencias federales.

Como castigo, Williams ordenó que el fiscal general presente informes quincenales, desde el 1° de julio, en donde detalle si se produjeron arrestos o acciones judiciales bajo la ley suspendida. Además, deberá notificar de inmediato al tribunal si se confirma la detención de cualquier persona en el marco de esta legislación.

SB 4-C: una ley migratoria que criminaliza la entrada de migrantes ilegales

La Ley SB 4-C fue firmada por el gobernador Ron DeSantis en febrero de 2025 y representa una de las iniciativas más severas a nivel estatal contra personas en situación migratoria irregular. Su texto introduce una serie de sanciones penales específicas para quienes ingresan a Florida sin autorización, incluso si ya se encuentran dentro de Estados Unidos.

Entre los puntos más relevantes de la norma se destacan:

Cualquier persona adulta considerada “extranjero no autorizado” que intente ingresar a Florida sin haber sido inspeccionada por autoridades migratorias cometerá un delito menor de primer grado. Esta infracción incluye una pena mínima obligatoria de nueve meses de cárcel.En caso de reincidencia, las penas aumentan a delitos de tercer grado con sentencias mínimas de entre uno y dos años de prisión, según el número de antecedentes.La ley no permite que estas personas accedan a programas de desvío pre o post arresto, como citaciones civiles o mediaciones comunitarias.Si la persona en cuestión fue deportada previamente y vuelve a entrar a Florida, comete un delito penal más grave. En algunos casos, las penas pueden llegar a los cinco años de prisión si el individuo tiene antecedentes por delitos violentos o agravados.La norma impone a los tribunales la presunción de que ningún extranjero no autorizado puede recibir libertad condicional, lo que ordena su detención hasta la resolución final del caso.Obliga a las agencias policiales a informar inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Florida sobre cualquier detención de un inmigrante no autorizado.

La SB 4-C incluye también una sección que exige a los jueces imponer la pena de muerte a cualquier persona no autorizada condenada por delitos capitales, sin considerar otras circunstancias atenuantes.

Golpe a Ron DeSantis: un fallo respaldado por una corte de apelaciones

El pasado 6 de junio, una corte de apelaciones federal con sede en Atlanta respaldó la decisión de Williams, al mantener la orden judicial que bloquea la aplicación de la SB 4-C. El panel de tres jueces consideró que, aunque la objeción de Uthmeier sobre la amplitud de la orden podría ser válida, no justificaba la desobediencia ni la amenaza implícita de no acatarla.

Los demandantes en este caso, encabezados por organizaciones como la Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association of Florida, argumentaron que la ley estatal es inconstitucional, ya que solo el gobierno federal tiene autoridad para legislar en materia migratoria. La jueza coincidió con esa visión, con base en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

“Esto es Derecho 101”, declaró David Mandel, un exfiscal federal entrevistado por el Miami Herald. “El hecho de que una parte no esté de acuerdo con una resolución judicial no le da derecho a ignorarla. Para eso están las apelaciones”.

La confrontación continúa, pero el revés judicial fue contundente. El fiscal general ahora enfrenta una obligación directa: rendir cuentas ante el tribunal sobre cada arresto migratorio que ocurra en el estado. En un escenario cada vez más polarizado, este fallo marca un límite claro al intento de Florida por imponer su propia política migratoria al margen de la ley federal.

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Un conflicto legal se desató en Florida entre el Poder Judicial federal y el fiscal general James Uthmeier. En una decisión sin precedentes, una jueza federal lo declaró en desacato por desobedecer una orden que prohibía aplicar una controvertida ley estatal de inmigración. Mientras el Estado Soleado busca endurecer su postura frente a los extranjeros indocumentados, el sistema judicial estableció límites a la normativa impulsada por Ron DeSantis.

La orden judicial que James Uthmeier decidió ignorar

El 17 de junio, la jueza Kathleen Williams del tribunal federal del distrito sur de Florida sancionó al fiscal general James Uthmeier por incumplir una orden que bloqueaba la aplicación de la Ley SB 4-C. Según informó Miami Herald, la magistrada consideró que el político deliberadamente violó la medida cautelar al instruir a agencias policiales para que ignoraran la prohibición y continuaran con detenciones bajo la nueva normativa.

La controversia estalló luego de que, el 23 de abril, Uthmeier comunicara a las fuerzas de seguridad que “no existía ninguna orden judicial que los restringiera” de aplicar la ley migratoria del estado. La afirmación contradecía directamente la orden de la magistrada Williams, quien había determinado que la ley debía suspenderse por vulnerar competencias federales.

Como castigo, Williams ordenó que el fiscal general presente informes quincenales, desde el 1° de julio, en donde detalle si se produjeron arrestos o acciones judiciales bajo la ley suspendida. Además, deberá notificar de inmediato al tribunal si se confirma la detención de cualquier persona en el marco de esta legislación.

SB 4-C: una ley migratoria que criminaliza la entrada de migrantes ilegales

La Ley SB 4-C fue firmada por el gobernador Ron DeSantis en febrero de 2025 y representa una de las iniciativas más severas a nivel estatal contra personas en situación migratoria irregular. Su texto introduce una serie de sanciones penales específicas para quienes ingresan a Florida sin autorización, incluso si ya se encuentran dentro de Estados Unidos.

Entre los puntos más relevantes de la norma se destacan:

Cualquier persona adulta considerada “extranjero no autorizado” que intente ingresar a Florida sin haber sido inspeccionada por autoridades migratorias cometerá un delito menor de primer grado. Esta infracción incluye una pena mínima obligatoria de nueve meses de cárcel.En caso de reincidencia, las penas aumentan a delitos de tercer grado con sentencias mínimas de entre uno y dos años de prisión, según el número de antecedentes.La ley no permite que estas personas accedan a programas de desvío pre o post arresto, como citaciones civiles o mediaciones comunitarias.Si la persona en cuestión fue deportada previamente y vuelve a entrar a Florida, comete un delito penal más grave. En algunos casos, las penas pueden llegar a los cinco años de prisión si el individuo tiene antecedentes por delitos violentos o agravados.La norma impone a los tribunales la presunción de que ningún extranjero no autorizado puede recibir libertad condicional, lo que ordena su detención hasta la resolución final del caso.Obliga a las agencias policiales a informar inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Florida sobre cualquier detención de un inmigrante no autorizado.

La SB 4-C incluye también una sección que exige a los jueces imponer la pena de muerte a cualquier persona no autorizada condenada por delitos capitales, sin considerar otras circunstancias atenuantes.

Golpe a Ron DeSantis: un fallo respaldado por una corte de apelaciones

El pasado 6 de junio, una corte de apelaciones federal con sede en Atlanta respaldó la decisión de Williams, al mantener la orden judicial que bloquea la aplicación de la SB 4-C. El panel de tres jueces consideró que, aunque la objeción de Uthmeier sobre la amplitud de la orden podría ser válida, no justificaba la desobediencia ni la amenaza implícita de no acatarla.

Los demandantes en este caso, encabezados por organizaciones como la Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association of Florida, argumentaron que la ley estatal es inconstitucional, ya que solo el gobierno federal tiene autoridad para legislar en materia migratoria. La jueza coincidió con esa visión, con base en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

“Esto es Derecho 101”, declaró David Mandel, un exfiscal federal entrevistado por el Miami Herald. “El hecho de que una parte no esté de acuerdo con una resolución judicial no le da derecho a ignorarla. Para eso están las apelaciones”.

La confrontación continúa, pero el revés judicial fue contundente. El fiscal general ahora enfrenta una obligación directa: rendir cuentas ante el tribunal sobre cada arresto migratorio que ocurra en el estado. En un escenario cada vez más polarizado, este fallo marca un límite claro al intento de Florida por imponer su propia política migratoria al margen de la ley federal.

 Una jueza bloqueó la ley SB 4-C de Florida por invadir competencias federales y declaró en desacato al fiscal general tras ordenar seguir aplicándola pese al fallo.  LA NACION