El tráfico de fauna silvestre sigue siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad de la Argentina. Ilegalidad, desinformación y crueldad entrelazadas dan forma a este delito que constituye el cuarto comercio ilegal más lucrativo a nivel global, detrás del tráfico de drogas, armas y personas.
En nuestro país afecta a más de 100 especies de aves, reptiles y mamíferos, muchas de ellas bajo algún grado de amenaza según la legislación nacional y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En los últimos años, pese al cierre de algunas ferias icónicas como la de Pompeya, se reprodujeron canales de comercio reinventados a través de redes sociales y sitios de compraventa en línea.
Investigaciones recientes identificaron miles de publicaciones mediante las que se ofrecen animales silvestres en Facebook, donde el anonimato y la baja fiscalización facilitan la comisión de delitos. Cerca del 60% de los registros corresponden a aves, como jilgueros dorados, loros habladores, cabecita negra o cardenales copete rojo. Entre ellas, también hay otras en peligro, como el cardenal amarillo y los amenazados capuchinos.
Con un promedio de diez nuevas ofertas diarias, esta migración hacia lo digital permite mayor alcance geográfico y anonimato, y menores riesgos para los traficantes, lo que debilita aún más la ya de por sí flaca capacidad de control del Estado. Así, miles de ejemplares son capturados, transportados y vendidos cada año en distintos puntos del país sin que se haga nada. De ellos, el 90% muere víctima de estrés, hacinamiento y transporte inadecuado.
La riqueza natural de la Argentina la vuelve clave en el tráfico internacional de fauna. Numerosos ejemplares capturados son exportados a países vecinos o hacia Europa y Asia, donde ciertas especies alcanzan altos valores de mercado.
Una parte del negocio es sostenida por quienes ignoran la ilegalidad o el daño que produce tener por mascotas a animales silvestres como loros habladores o tortugas terrestres. Pero también existe una demanda más sofisticada: la de coleccionistas que sí saben lo que ocurre con esas especies y pagan altos precios por las más raras, coloridas o en peligro, alimentando un circuito.
Los daños ambientales son múltiples: se disminuyen poblaciones naturales, se degradan ecosistemas, se promueve la propagación de especies exóticas y se pone en riesgo la salud pública, ya que el contacto entre animales silvestres y humanos facilita la propagación de enfermedades zoonóticas como ha quedado largamente demostrado.
La Argentina cuenta con una copiosa legislación, pero pocas causas judiciales en relación con el tráfico y exiguas sanciones. Las normas no bastan si no se acompañan de controles efectivos, coordinación interjurisdiccional y firme compromiso ambiental con recursos suficientes. La creación de la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA), integrada por más de 30 miembros de ministerios públicos fiscales de varias provincias, puede mejorar la respuesta institucional coordinada ante delitos ecológicos como caza furtiva o tráfico de especies, entre otros.
Y también es clave trabajar en la prevención, promoviendo una educación ambiental que construya una relación más consciente y respetuosa con la fauna silvestre. Es menester sostener una política pública activa que ponga en valor la biodiversidad en todos los frentes, con leyes que la protejan y fiscales que las hagan cumplir.
El tráfico de fauna silvestre sigue siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad de la Argentina. Ilegalidad, desinformación y crueldad entrelazadas dan forma a este delito que constituye el cuarto comercio ilegal más lucrativo a nivel global, detrás del tráfico de drogas, armas y personas.
En nuestro país afecta a más de 100 especies de aves, reptiles y mamíferos, muchas de ellas bajo algún grado de amenaza según la legislación nacional y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En los últimos años, pese al cierre de algunas ferias icónicas como la de Pompeya, se reprodujeron canales de comercio reinventados a través de redes sociales y sitios de compraventa en línea.
Investigaciones recientes identificaron miles de publicaciones mediante las que se ofrecen animales silvestres en Facebook, donde el anonimato y la baja fiscalización facilitan la comisión de delitos. Cerca del 60% de los registros corresponden a aves, como jilgueros dorados, loros habladores, cabecita negra o cardenales copete rojo. Entre ellas, también hay otras en peligro, como el cardenal amarillo y los amenazados capuchinos.
Con un promedio de diez nuevas ofertas diarias, esta migración hacia lo digital permite mayor alcance geográfico y anonimato, y menores riesgos para los traficantes, lo que debilita aún más la ya de por sí flaca capacidad de control del Estado. Así, miles de ejemplares son capturados, transportados y vendidos cada año en distintos puntos del país sin que se haga nada. De ellos, el 90% muere víctima de estrés, hacinamiento y transporte inadecuado.
La riqueza natural de la Argentina la vuelve clave en el tráfico internacional de fauna. Numerosos ejemplares capturados son exportados a países vecinos o hacia Europa y Asia, donde ciertas especies alcanzan altos valores de mercado.
Una parte del negocio es sostenida por quienes ignoran la ilegalidad o el daño que produce tener por mascotas a animales silvestres como loros habladores o tortugas terrestres. Pero también existe una demanda más sofisticada: la de coleccionistas que sí saben lo que ocurre con esas especies y pagan altos precios por las más raras, coloridas o en peligro, alimentando un circuito.
Los daños ambientales son múltiples: se disminuyen poblaciones naturales, se degradan ecosistemas, se promueve la propagación de especies exóticas y se pone en riesgo la salud pública, ya que el contacto entre animales silvestres y humanos facilita la propagación de enfermedades zoonóticas como ha quedado largamente demostrado.
La Argentina cuenta con una copiosa legislación, pero pocas causas judiciales en relación con el tráfico y exiguas sanciones. Las normas no bastan si no se acompañan de controles efectivos, coordinación interjurisdiccional y firme compromiso ambiental con recursos suficientes. La creación de la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA), integrada por más de 30 miembros de ministerios públicos fiscales de varias provincias, puede mejorar la respuesta institucional coordinada ante delitos ecológicos como caza furtiva o tráfico de especies, entre otros.
Y también es clave trabajar en la prevención, promoviendo una educación ambiental que construya una relación más consciente y respetuosa con la fauna silvestre. Es menester sostener una política pública activa que ponga en valor la biodiversidad en todos los frentes, con leyes que la protejan y fiscales que las hagan cumplir.
La riqueza natural de la Argentina la vuelve clave para los codiciosos traficantes, alimentando un circuito delictivo que ocasiona gravísimos daños ambientales LA NACION
