CIUDAD DE MÉXICO.- El fuerte aumento de la represión del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para consolidar su poder y silenciar a los críticos obligó a una de la principal organización de derechos humanos del país a suspender sus operaciones la nación centroamericana y a exiliarse, según anunció la ONG.

Cristosal, fundada por obispos anglicanos hace 25 años y que saltó a la fama por sus investigaciones sobre la corrupción en el gobierno de Bukele, sacó del país a 20 empleados en las últimas semanas debido a la “escalada represiva” del gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios.

El grupo dijo que sólo le queda una empleada en El Salvador: Ruth López, su directora de anticorrupción y justicia, encarcelada desde mayo por cargos de corrupción, en una causa cuestionada por organismos de derechos humanos dentro y fuera del país.

Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció ser víctima de “acoso”, “espionaje” y “difamación” de lo que llamó una “dictadura” instalada en El Salvador.

La ONG también asiste a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y presos en una megacárcel para pandilleros en El Salvador, lo que ha calificado como una “desaparición forzada”.

“Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador”, dijo en una conferencia de prensa en la capital guatemalteca el director de la organización, Noah Bullock. “Frente a un aparato represivo que actúa sin límites (…) nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio”, agregó.

La ONG ahora seguirá trabajando desde sus oficinas en Guatemala y Honduras para resguardar la seguridad de su equipo.

El grupo afirmó que su decisión representa un punto de inflexión en los tres años de estado de excepción de Bukele, ya que muchos periodistas y otros grupos de derechos humanos también consideran que no es seguro seguir operando allí.

Cristosal tomó esta decisión tras el arresto hace dos meses de la abogada salvadoreña Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción, declarada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional. Fue acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía, afín al gobierno, que pidió que el caso se desarrolle bajo reserva.

Desde que impuso el estado de excepción en marzo de 2022, instrumento clave de la “guerra contra las pandillas”, Bukele suspendió derechos constitucionales, restringió la libertad de prensa y socavó la independencia judicial. Los grupos de derechos humanos afirman que miles de personas inocentes fueron arrastradas por la represión contra las bandas criminales, lo que ha llevado a la detención de más de 85.000 personas.

Bukele afirmó que estas medidas drásticas eran necesarias para eliminar el control de las bandas sobre el país. Los homicidios descendieron más de un 90% desde que asumió el cargo, según datos del gobierno.

A pesar de las críticas internacionales, el presidente sigue siendo extremadamente popular en El Salvador, con un índice de aprobación de casi el 85%, según una encuesta publicada en junio por la jesuita Universidad Centroamericana.

Pero hay signos de malestar: casi el 60% de los encuestados afirmaron que es muy probable que una persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresar críticas al presidente o al gobierno.

El mes pasado, además, entró en vigor una ley de “agentes extranjeros”, similar a las de Rusia y Nicaragua, por medio de la cual el gobierno pretende controlar y condicionar el trabajo de las ONGs.

Con esa ley, rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, las ONGs deberán pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. Cristosal opera principalmente con donaciones.

“Es un instrumento de control autoritario. Impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes”, señaló Cristosal, que aclaró que, no obstante, no renunciará a su personería jurídica en El Salvador.

Bukele, que fue elegido presidente en 2019, dedicó una parte importante de su discurso sobre el informe de gobierno el mes pasado a criticar a periodistas y grupos de derechos humanos. Dijo que los grupos de derechos humanos “reciben millones cada año para vender miseria y propagar violencia”.

Escalada

Cristosal denunció que El Salvador “ha dejado de ser un Estado de derecho”. “Cuando ejercer las libertades o simplemente disentir del poder conlleva consecuencias, estas ya son las señales claras de que la dictadura se instaló”, denunció Bullock.

Bullock agregó que la “criminalización y el exilio de defensores de derechos humanos” es una “violencia política” para “someter a la sociedad” salvadoreña a “un régimen de miedo”.

Al menos cuatro grupos de derechos humanos, además de Cristosal, retiraron a su personal por motivos de seguridad, dijo Bullock.

La detención de López, la conocida directora de anticorrupción y justicia de Cristosal, supuso una importante escalada en el ataque de Bukele contra los críticos, según los grupos de derechos humanos.

Desde mayo, unos 60 abogados y activistas de derechos humanos huyeron, según la abogada salvadoreña de derechos humanos Ingrid Escobar, que abandonó el país tras lo que describió como una campaña de acoso policial.

Al menos 40 periodistas también dejaron el país desde mayo debido al acoso policial, la vigilancia y el temor a una detención inminente, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Los más destacados son los del diario digital El Faro, que denunció un pacto entre Bukele y las pandillas antes de declararles la guerra en 2022. Una información que el presidente niega a rajatabla.

En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, el presidente salvadoreño declaró que la libertad de expresión está protegida: “No arrestamos a las personas por expresar sus ideas”, dijo.

El mes pasado, las autoridades detuvieron al abogado constitucionalista Enrique Anaya, acusado de blanqueo de dinero. Abiertamente crítico al presidente, Anaya había llamado dictador a Bukele en directo por televisión. Al igual que López, el caso de Anaya está reservado, y un juez ha ordenado que permanezca en prisión mientras continúa el proceso.

Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas, dijo que el caso de Anaya la convenció de que no era seguro regresar a El Salvador. Contó que huyó después de que una cámara de seguridad de su casa captara imágenes de soldados armados merodeando afuera.

“Mientras no haya garantías de protección hacia la prensa o quienes ejercemos periodismo o defensa de derechos humanos, no es conveniente retornar”, dijo Cárcamo.

Bullock, de Cristosal, dijo que Bukele se envalentonó por su alianza con el presidente Donald Trump, cimentada por el acuerdo alcanzado en marzo para albergar a 238 venezolanos deportados de Estados Unidos en una prisión de máxima seguridad.

Bukele también se resistió a devolver a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño encarcelado y deportado injustamente por la administración Trump. También negó las afirmaciones de que el hombre fue torturado en la megacárcel de El Salvador.

Durante la visita de Bukele a la Casa Blanca en abril, Trump dijo que Bukele es “un gran presidente” y que “está haciendo algo increíble por su país.”

Agencias Reuters y AFP

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CIUDAD DE MÉXICO.- El fuerte aumento de la represión del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para consolidar su poder y silenciar a los críticos obligó a una de la principal organización de derechos humanos del país a suspender sus operaciones la nación centroamericana y a exiliarse, según anunció la ONG.

Cristosal, fundada por obispos anglicanos hace 25 años y que saltó a la fama por sus investigaciones sobre la corrupción en el gobierno de Bukele, sacó del país a 20 empleados en las últimas semanas debido a la “escalada represiva” del gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios.

El grupo dijo que sólo le queda una empleada en El Salvador: Ruth López, su directora de anticorrupción y justicia, encarcelada desde mayo por cargos de corrupción, en una causa cuestionada por organismos de derechos humanos dentro y fuera del país.

Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció ser víctima de “acoso”, “espionaje” y “difamación” de lo que llamó una “dictadura” instalada en El Salvador.

La ONG también asiste a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y presos en una megacárcel para pandilleros en El Salvador, lo que ha calificado como una “desaparición forzada”.

“Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador”, dijo en una conferencia de prensa en la capital guatemalteca el director de la organización, Noah Bullock. “Frente a un aparato represivo que actúa sin límites (…) nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio”, agregó.

La ONG ahora seguirá trabajando desde sus oficinas en Guatemala y Honduras para resguardar la seguridad de su equipo.

El grupo afirmó que su decisión representa un punto de inflexión en los tres años de estado de excepción de Bukele, ya que muchos periodistas y otros grupos de derechos humanos también consideran que no es seguro seguir operando allí.

Cristosal tomó esta decisión tras el arresto hace dos meses de la abogada salvadoreña Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción, declarada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional. Fue acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía, afín al gobierno, que pidió que el caso se desarrolle bajo reserva.

Desde que impuso el estado de excepción en marzo de 2022, instrumento clave de la “guerra contra las pandillas”, Bukele suspendió derechos constitucionales, restringió la libertad de prensa y socavó la independencia judicial. Los grupos de derechos humanos afirman que miles de personas inocentes fueron arrastradas por la represión contra las bandas criminales, lo que ha llevado a la detención de más de 85.000 personas.

Bukele afirmó que estas medidas drásticas eran necesarias para eliminar el control de las bandas sobre el país. Los homicidios descendieron más de un 90% desde que asumió el cargo, según datos del gobierno.

A pesar de las críticas internacionales, el presidente sigue siendo extremadamente popular en El Salvador, con un índice de aprobación de casi el 85%, según una encuesta publicada en junio por la jesuita Universidad Centroamericana.

Pero hay signos de malestar: casi el 60% de los encuestados afirmaron que es muy probable que una persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresar críticas al presidente o al gobierno.

El mes pasado, además, entró en vigor una ley de “agentes extranjeros”, similar a las de Rusia y Nicaragua, por medio de la cual el gobierno pretende controlar y condicionar el trabajo de las ONGs.

Con esa ley, rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, las ONGs deberán pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. Cristosal opera principalmente con donaciones.

“Es un instrumento de control autoritario. Impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes”, señaló Cristosal, que aclaró que, no obstante, no renunciará a su personería jurídica en El Salvador.

Bukele, que fue elegido presidente en 2019, dedicó una parte importante de su discurso sobre el informe de gobierno el mes pasado a criticar a periodistas y grupos de derechos humanos. Dijo que los grupos de derechos humanos “reciben millones cada año para vender miseria y propagar violencia”.

Escalada

Cristosal denunció que El Salvador “ha dejado de ser un Estado de derecho”. “Cuando ejercer las libertades o simplemente disentir del poder conlleva consecuencias, estas ya son las señales claras de que la dictadura se instaló”, denunció Bullock.

Bullock agregó que la “criminalización y el exilio de defensores de derechos humanos” es una “violencia política” para “someter a la sociedad” salvadoreña a “un régimen de miedo”.

Al menos cuatro grupos de derechos humanos, además de Cristosal, retiraron a su personal por motivos de seguridad, dijo Bullock.

La detención de López, la conocida directora de anticorrupción y justicia de Cristosal, supuso una importante escalada en el ataque de Bukele contra los críticos, según los grupos de derechos humanos.

Desde mayo, unos 60 abogados y activistas de derechos humanos huyeron, según la abogada salvadoreña de derechos humanos Ingrid Escobar, que abandonó el país tras lo que describió como una campaña de acoso policial.

Al menos 40 periodistas también dejaron el país desde mayo debido al acoso policial, la vigilancia y el temor a una detención inminente, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Los más destacados son los del diario digital El Faro, que denunció un pacto entre Bukele y las pandillas antes de declararles la guerra en 2022. Una información que el presidente niega a rajatabla.

En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, el presidente salvadoreño declaró que la libertad de expresión está protegida: “No arrestamos a las personas por expresar sus ideas”, dijo.

El mes pasado, las autoridades detuvieron al abogado constitucionalista Enrique Anaya, acusado de blanqueo de dinero. Abiertamente crítico al presidente, Anaya había llamado dictador a Bukele en directo por televisión. Al igual que López, el caso de Anaya está reservado, y un juez ha ordenado que permanezca en prisión mientras continúa el proceso.

Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas, dijo que el caso de Anaya la convenció de que no era seguro regresar a El Salvador. Contó que huyó después de que una cámara de seguridad de su casa captara imágenes de soldados armados merodeando afuera.

“Mientras no haya garantías de protección hacia la prensa o quienes ejercemos periodismo o defensa de derechos humanos, no es conveniente retornar”, dijo Cárcamo.

Bullock, de Cristosal, dijo que Bukele se envalentonó por su alianza con el presidente Donald Trump, cimentada por el acuerdo alcanzado en marzo para albergar a 238 venezolanos deportados de Estados Unidos en una prisión de máxima seguridad.

Bukele también se resistió a devolver a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño encarcelado y deportado injustamente por la administración Trump. También negó las afirmaciones de que el hombre fue torturado en la megacárcel de El Salvador.

Durante la visita de Bukele a la Casa Blanca en abril, Trump dijo que Bukele es “un gran presidente” y que “está haciendo algo increíble por su país.”

Agencias Reuters y AFP

 Cristosal, fundada hace 25 años y crítica del gobierno, sacó a todos sus empleados de la nación centroamericana tras la detención de su directora anticorrupción; dicen que fueron víctimas de “acoso”, “espionaje” y “difamación”  LA NACION