Cifra impactante: advierten que el país pierde un millonario capital productivo todos los años por el deterioro de rutas y otros activos
La preocupación por el estado de los caminos rurales y las rutas de la Argentina llevó al Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) a plantear la necesidad de inversión en infraestructura como factor de crecimiento. Fue en la Exposición Rural de Palermo. En ese sentido, empresarios, entidades rurales y referentes de otros sectores coincidieron en que la falta de inversión sostenida en infraestructura no solo le resta competitividad al país, sino que genera pérdidas concretas en vidas, capital y productividad.
El planteo fue unánime: la infraestructura envejecida y mal mantenida es uno de los mayores obstáculos al desarrollo. Según los relevamientos técnicos, el país pierde 25.000 millones de dólares por año en capital productivo por no mantener ni reponer sus activos públicos, carreteras, ferrocarriles, hidrovía, redes rurales y sistemas de saneamiento. Alertaron que, sin una estrategia federal y profesionalizada que priorice rutas, caminos rurales, nodos logísticos y obras hidráulicas clave como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado, el llamado “costo argentino” seguirá creciendo. El desafío no es técnico ni económico, dijeron: es político.
La cita en la Rural convocó a entidades fundadoras y miembros del CPI. Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Natalio Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Rodrigo Perez Graziano, de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Vale recordar que también integra el CPI la CGT.
“Con el fallo de vialidad [la Justicia suspendió el decreto de Javier Milei que disolvió Vialidad Nacional] podemos ver por qué tenemos la infraestructura que tenemos. La próxima traba de invertir en infraestructura es un costo. Es urgente volver a invertir en infraestructura, consideramos que los temas tienen un plazo y un proceso”, expresó Tomás Palazón, de la SRA, quien señaló que la falta de inversiones en rigor responde a “decisión política y no es [que] no hay plata”.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción se identificaron 22 tipos de activos deteriorados, desde caminos rurales hasta hospitales, y se calculó que la inversión mínima anual en mantenimiento debería ser del 1,21% del PBI, es decir, más de 6700 millones de dólares por año.
Palazón subrayó que, si no se invierte ahora, el costo de recuperación será mayor, se producirá menos y se perderá competitividad estructural. En la sala reiteraron que la inversión en infraestructura debe transformarse en una política de Estado.
En tanto, Bernardino Capra, de la Asociación Argentina de Carreteras, fue tajante: “Los caminos rurales están abandonados porque no hay política, ni planificación, ni responsables capacitados”. Señaló que el gran problema es que no se sabe ni cuántos kilómetros de caminos rurales existen en el país, porque muchos municipios ni siquiera los tienen inventariados.
También alertó que la parte de los caminos rurales se gestiona como si fuera un arreglo casero, sin técnicos, sin planes plurianuales y sin transparencia en el uso de los fondos. “En la ruralidad cualquiera se anima a meter una máquina a arreglar un camino, pero nadie haría eso con un puente. Y es igual de serio”, dijo.
Capra advirtió que “los productores no saben a quién reclamar cuando los caminos están intransitables”, y que los municipios suben las tasas, pero no explican en qué se va a usar ese dinero. Por eso, pidió que se exijan planes viales concretos, que trasciendan gestiones y partidos, y que el mantenimiento de caminos rurales sea tratado con la misma seriedad que las rutas pavimentadas. “Sin caminos rurales, no hay producción ni arraigo. Pero siguen siendo el furgón de cola del sistema vial argentino”, aseveró.
En tanto, Fabrizio Cattaneo, de la Asociación Argentina de Carreteras, advirtió que la red vial nacional está en estado crítico, no solo por el deterioro del capital físico, sino también por su impacto directo en la pérdida de vidas humanas por accidentes. Estimó que el valor del capital vial asciende a unos 100.000 millones de dólares, y que se requieren al menos 4000 millones por año solo para su mantenimiento, una inversión que hoy no se está haciendo.
Además, detalló que de los 39.000 kilómetros de red vial pavimentada primaria, solo 9300 pasarán a formar parte del nuevo esquema de concesiones federales, que implicará obras iniciales fuertes (bacheo, seguridad, señalización) con inversiones de hasta 100 millones de dólares por tramo, como en los casos de las rutas 12 y 14. El desafío, concluyó, es conseguir el financiamiento y garantizar que esas obras se hagan bien y a tiempo.
Sobre el Plan Maestro de la Cuenca del Salado, Marcelo Rastelli señaló que abarca más de 17 millones de hectáreas en el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, donde se genera aproximadamente el 30% del PBI agropecuario del país.
Explicó que esta región es estratégica porque concentra una parte central de la producción de carne y granos de la Argentina, y que su infraestructura hídrica condiciona directamente la competitividad del agro. “Sin obras de canalización y control de excedentes hídricos, gran parte de ese territorio queda afectado por inundaciones o anegamientos, lo que implica pérdidas multimillonarias recurrentes, pérdida de rentabilidad y afectación del arraigo rural“, observó.
Remarcó que las demoras en la ejecución del Plan Maestro no solo frenan inversiones privadas, sino que ponen en jaque la sustentabilidad productiva de una de las regiones más importantes para las exportaciones y la generación de divisas del país.
La preocupación por el estado de los caminos rurales y las rutas de la Argentina llevó al Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) a plantear la necesidad de inversión en infraestructura como factor de crecimiento. Fue en la Exposición Rural de Palermo. En ese sentido, empresarios, entidades rurales y referentes de otros sectores coincidieron en que la falta de inversión sostenida en infraestructura no solo le resta competitividad al país, sino que genera pérdidas concretas en vidas, capital y productividad.
El planteo fue unánime: la infraestructura envejecida y mal mantenida es uno de los mayores obstáculos al desarrollo. Según los relevamientos técnicos, el país pierde 25.000 millones de dólares por año en capital productivo por no mantener ni reponer sus activos públicos, carreteras, ferrocarriles, hidrovía, redes rurales y sistemas de saneamiento. Alertaron que, sin una estrategia federal y profesionalizada que priorice rutas, caminos rurales, nodos logísticos y obras hidráulicas clave como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado, el llamado “costo argentino” seguirá creciendo. El desafío no es técnico ni económico, dijeron: es político.
La cita en la Rural convocó a entidades fundadoras y miembros del CPI. Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Natalio Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Rodrigo Perez Graziano, de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Vale recordar que también integra el CPI la CGT.
“Con el fallo de vialidad [la Justicia suspendió el decreto de Javier Milei que disolvió Vialidad Nacional] podemos ver por qué tenemos la infraestructura que tenemos. La próxima traba de invertir en infraestructura es un costo. Es urgente volver a invertir en infraestructura, consideramos que los temas tienen un plazo y un proceso”, expresó Tomás Palazón, de la SRA, quien señaló que la falta de inversiones en rigor responde a “decisión política y no es [que] no hay plata”.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción se identificaron 22 tipos de activos deteriorados, desde caminos rurales hasta hospitales, y se calculó que la inversión mínima anual en mantenimiento debería ser del 1,21% del PBI, es decir, más de 6700 millones de dólares por año.
Palazón subrayó que, si no se invierte ahora, el costo de recuperación será mayor, se producirá menos y se perderá competitividad estructural. En la sala reiteraron que la inversión en infraestructura debe transformarse en una política de Estado.
En tanto, Bernardino Capra, de la Asociación Argentina de Carreteras, fue tajante: “Los caminos rurales están abandonados porque no hay política, ni planificación, ni responsables capacitados”. Señaló que el gran problema es que no se sabe ni cuántos kilómetros de caminos rurales existen en el país, porque muchos municipios ni siquiera los tienen inventariados.
También alertó que la parte de los caminos rurales se gestiona como si fuera un arreglo casero, sin técnicos, sin planes plurianuales y sin transparencia en el uso de los fondos. “En la ruralidad cualquiera se anima a meter una máquina a arreglar un camino, pero nadie haría eso con un puente. Y es igual de serio”, dijo.
Capra advirtió que “los productores no saben a quién reclamar cuando los caminos están intransitables”, y que los municipios suben las tasas, pero no explican en qué se va a usar ese dinero. Por eso, pidió que se exijan planes viales concretos, que trasciendan gestiones y partidos, y que el mantenimiento de caminos rurales sea tratado con la misma seriedad que las rutas pavimentadas. “Sin caminos rurales, no hay producción ni arraigo. Pero siguen siendo el furgón de cola del sistema vial argentino”, aseveró.
En tanto, Fabrizio Cattaneo, de la Asociación Argentina de Carreteras, advirtió que la red vial nacional está en estado crítico, no solo por el deterioro del capital físico, sino también por su impacto directo en la pérdida de vidas humanas por accidentes. Estimó que el valor del capital vial asciende a unos 100.000 millones de dólares, y que se requieren al menos 4000 millones por año solo para su mantenimiento, una inversión que hoy no se está haciendo.
Además, detalló que de los 39.000 kilómetros de red vial pavimentada primaria, solo 9300 pasarán a formar parte del nuevo esquema de concesiones federales, que implicará obras iniciales fuertes (bacheo, seguridad, señalización) con inversiones de hasta 100 millones de dólares por tramo, como en los casos de las rutas 12 y 14. El desafío, concluyó, es conseguir el financiamiento y garantizar que esas obras se hagan bien y a tiempo.
Sobre el Plan Maestro de la Cuenca del Salado, Marcelo Rastelli señaló que abarca más de 17 millones de hectáreas en el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, donde se genera aproximadamente el 30% del PBI agropecuario del país.
Explicó que esta región es estratégica porque concentra una parte central de la producción de carne y granos de la Argentina, y que su infraestructura hídrica condiciona directamente la competitividad del agro. “Sin obras de canalización y control de excedentes hídricos, gran parte de ese territorio queda afectado por inundaciones o anegamientos, lo que implica pérdidas multimillonarias recurrentes, pérdida de rentabilidad y afectación del arraigo rural“, observó.
Remarcó que las demoras en la ejecución del Plan Maestro no solo frenan inversiones privadas, sino que ponen en jaque la sustentabilidad productiva de una de las regiones más importantes para las exportaciones y la generación de divisas del país.
En una jornada sobre infraestructura en la Exposición Rural de Palermo se habló de US$25.000 millones anuales LA NACION
